En otro de los pasajes del documento, ambas instituciones acuerdan además el apoyo del CEFIR en las áreas relativas a la capacitación y formación en integración regional, temática que es, además, razón misma de existencia del Centro, creado hace más de una década a instancias del Grupo de Río. Y es que el propósito fundacional del CEFIR es, según consta en sus principales lineamientos y su normativa inicial, la creación de un “foro permanente” para el intercambio de ideas y experiencias en materia de integración regional y el ofrecimiento en forma continua de cursos de formación y perfeccionamientos dirigidos al desarrollo y el refuerzo de capacidades con amplio efecto multiplicador. En este contexto, el Parlamento del Mercosur considera como fundamental la profundización del intercambio de experiencias con la sociedad civil en su conjunto en materia de integración regional. De dicho acontecimiento participaron, además de Rosinha y Gargano, el secretario Ejecutivo del CEFIR, Federico Gomensoro; el director académico Gerardo Caetano, el coordinador Robert Grosse, además de varios parlamentarios del Mercosur y otras altas autoridades del abanico político y social de la región.  

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Al comenzar la actividad, Rosinha recalcó la importancia de que el Parlamento genere un espacio para reflexionar acerca de los cambios que necesita la Declaración Sociolaboral. Y enfatizó en la necesidad de aprovechar la coyuntura política que vive la región para introducir “reivindicaciones históricas” de los trabajadores a lo largo de tantos años. Rosinha no pasó por alto la actual crisis financiera internacional, cuyos efectos, advirtió, traerán consecuencias serias para las economías de la región. “La crisis no la pueden pagar los más pobres”, alertó el presidente del deliberativo, como anticipándose a los dichos de su colega, Mabel Müller, que a su turno destacó que los efectos y repercusiones de la crisis ya se están sintiendo en la región, haciendo particular referencia a la disminución de horas extras, el adelanto de las licencias y otras medidas que ya comienzan a verse reflejadas en muchos de los países de la región. La parlamentaria sostuvo, asimismo, que estos hechos “son una alarma que tenemos prendida”, por lo que debemos fomentar la solidaridad entre los países y buscar, lejos de absurdas rivalidades del pasado, “la mejor forma de complementarnos”.

A su turno, el secretario general de la Coordinadora, el argentino Gerardo Martínez, sintetizó en pocas palabras la importancia de esta declaración, al tiempo que lanzó duras críticas al funcionamiento y vigencia de la misma. En ese sentido, Martínez, expuso “pensamientos, reclamos y propuestas” para mejorar los contenidos y aceitar el monitoreo de los acuerdos incluidos en todos sus pasajes. Durante su intervención, el representante de los sindicatos de la región subrayó la mejora de algunas variables macroeconómicas, como el aumento extraordinario del Producto Bruto Interno (PBI) de los países del bloque, aunque asimismo criticó con dureza la ampliación de la brecha entre los más ricos y los más pobres. Adentrándose en la letra chica de la Declaración y los cambios que los trabajadores estiman necesarios, Martínez habló de la necesidad de poner en marcha una Comisión de Seguimiento que monitoree el cumplimiento de los cometidos del documento y, en su caso, hasta reciba denuncias referidas al incumplimiento de alguno de los puntos del acuerdo. Este asunto encontró eco en la Coordinadora, que aún no ha resuelto si otorgarle otro estatus al acuerdo entre empresarios, gobiernos y sindicatos, o mantener su carácter declarativo. 

Este último punto quedó de manifiesto en las intervenciones que, representantes de los distintos sindicatos de la región nucleados en la CCSCS, realizaron ante las autoridades del Parlamento y los invitados a la audiencia. Fue el caso, por ejemplo, de Valdir Vicente, Secretario de Relaciones Institucionales de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Brasil, que planteó la necesidad de  que esta declaración pase a ser vinculante, mediante su transformación en un Protocolo. “De esa forma pasaría a tener mucha más fuerza”, sostuvo. Más crítico, Bernardo Rojas, de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Paraguay, expresó que en su país la declaración “nunca funcionó” y los derechos de los trabajadores están “muy relegados”, razón por la cual dijo “es necesario introducir cambios” y “mejorar el funcionamiento” de la Declaración, aunque prefirió no hablar de un cambio de estatus, pero sí de una “Comisión de Seguimiento”. Juan Castillo, secretario general del PIT-CNT uruguayo, reclamó por su parte un “salto de calidad” en materia de derechos de trabajadores debido a que “los avances de los últimos años se resumen en una palabra: nada”, según manifestó.

Hacia el final del encuentro, en muchos pareció tener cabida la idea lanzada por Martínez en el sentido de forjar  una “alianza estratégica” entre el Parlamento del Mercosur y los trabajadores. De hecho, la idea fue repetida tanto en las posteriores intervenciones de los dirigentes sindicales que hicieron uso de la palabra como en las conversaciones que, ya en los pasillos, mantuvieron los legisladores con cuanto representante sindical se les cruzaba. Ya en el cierre, el ministro uruguayo de Trabajo, Eduardo Bonomi, expresó que la Declaración Sociolaboral tiene que, por sobre todas las cosas, generar un piso de “garantías  mínimas” entre los países del bloque. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento, el uruguayo Juan Bentancor, señaló que con la realización de audiencias públicas en el ámbito del legislativo regional se está “avanzando sobre el déficit del Mercosur en el relacionamiento con la gente”, destacando que las audiencias públicas constituyen “un instituto muy valioso”. Tras los discursos, los aplausos. Y tras los aplausos, las sonrisas. Hacia la tarde, la audiencia llegaba a su fin. Pero la voluntad de revisar la Declaración Sociolaboral parecía encontrar un eco ensordecedor. En los pasillos. En la calle. Afuera. Y adentro.

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Uno de los primeros en tomar la palabra fue el senador Reinaldo Gargano, ex ministro de Relaciones Exteriores, quien durante su alocución resaltó entre los logros de Uruguay la nueva legislación sobre emigración, con medidas para propiciar el retorno de quienes viven fuera del país, y el proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos, recientemente aprobado por el legislativo nacional. Entre los “asuntos pendientes” de Uruguay en materia de derechos humanos, el ex canciller Gargano situó al sistema penitenciario que, con un 75 por ciento de reclusos menores de 30 años y un 60 por ciento de presos sin sentencia, se encuentra en una “situación delicada”, según expresó ante los miembros de la comisión. En este sentido, al hacer uso de la palabra, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Álvaro Garcé, recordó que Uruguay es el segundo país de América Latina en número de presos, con 231 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo que lo sitúa, en comparación con el resto de los países de la región, solo por detrás de Chile. El hacinamiento, la atención sanitaria y la casi nula inclusión social son algunas de los “fallos” de Uruguay en materia carcelaria, dijo Garcé, quien propuso fomentar el trabajo como forma de inclusión. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo, Alba Cocco, recordó que en los últimos tres años se aprobaron en el país 89 leyes que tienen que ver con la protección y la promoción de esos derechos. En tanto, las directoras de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Dupouy, hicieron especial énfasis en la investigación, y reparación de los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la última dictadura militar, así como en los documentos sus respectivas carteras vienen elaborando y que a principios del próximo año serán puestos en consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su turno, representantes de la sociedad civil, entre los que se encontraban el Foro de Mujeres del Mercosur, Cotidiano Mujer, el Observatorio de Políticas Públicas en Derechos Humanos y la Red de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) del Mercosur plantearon la necesidad de que la elaboración del Informe Regional de Derechos Humanos se piense desde otra perspectiva, con un desarrollo regional de los contenidos, sin competir con los órganos de supervisión ya existentes.  

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“Chacho había tenido un dolor en el pecho. No le dio importancia. Pero a la tarde el dolor se hizo más agudo. Entonces llamamos a la emergencia. Aparentemente no tenía nada y lo enviaron a un sanatorio. Ahí detectaron que tenía un preinfarto”, dijo Nejamkis a la prensa argentina, narrando los episodios suscitados a raíz de su cuadro, para luego agregar: “Le hicieron el tratamiento, que no conozco en detalle, destaparon lo que estaba tapado, y se fue el dolor. Y Chacho quedó internado. La situación está bajo control”, detalló el vocero. Por su parte, la encargada de Prensa de la CRPM, Itatí Schvartzman, dijo a este medio que Álvarez, se encuentra “bien” y “estable”, al tiempo que indicó que al margen de la dolencia que lo aqueja, el presidente “da a todos incluso instrucciones de trabajo. Para estos días estaba prevista la realización de varias reuniones de trabajo con motivo de la proximidad de la próxima reunión de presidentes del Mercosur. Allí, entre otras cosas, se podría analizar la posibilidad de reelegir a Álvarez para un nuevo período al frente del bloque regional. Pero, vista la actual situación, parece difícil que ello ocurra. Aunque nadie, ni nada, dicen lo contrario.

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Y es que parlamentarios de todos los países del bloque se manifestaron a favor de esa iniciativa. Fue el caso de su compañero de bancada, el parlamentario argentino Guillermo Jenefes, que al momento de hacer uso de la palabra defendió un tribunal que “solucione las controversias entre los Estados Partes con decisiones que valgan para todos”. “Si las decisiones no son obligatorias para todos”, entonces “tendremos un problema”, alertó el parlamentario. Pablo Iturralde, del opositor Partido Nacional uruguayo, también apoyó la propuesta. “Ella sigue la línea de pensamiento de todos los temas que fueron presentados en este Parlamento”, expresó. Algo más irónico, el paraguayo Angel Ramón Barchini dijo que “El día que el Mercosur realmente se integre y tenga una jurisdicción que permita resolver los problemas con los vecinos, ahí sí empezará a funcionar”. La propuesta de Rodriguez Saá fue aprobada por la unanimidad de los presentes. Y, en uno de sus pasajes, declara su “satisfacción” por los resultados alcanzados en el VI Encuentro de Cortes Supremas del Mercosur y los esfuerzos en pos de la creación de un Tribunal de Justicia del Mercosur.

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Para sorpresa de las organizaciones de defensa de los derechos por orientación sexual llamó la atención el hecho de no haber sido convocados a la reunión. En conversación con éste medio, Mauricio Coitiño, de Ovejas Negras y la Red LGTB del Mercosur, la oportunidad sería la ideal para “verificar el compromiso que ha asumido el bloque en la última Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos respecto a los derechos por orientación sexual”. Según dijo Coitiño a este medio, “la invitación nunca llegó”, “la comisión no se comunico directamente con nosotros”. “La intención de la Red es seguir de cerca el trabajo del Parlamento del Mercosur, de hecho, hace un tiempo nos reunimos con su presidente, Roberto Conde y hemos hablado con varios de los parlamentarios”, dijo Coitiño. Consultadas por este medio, varias de las organizaciones que trabajan el tema de la diversidad sexual en el bloque no ocultaron su sorpresa. El Boletín SOMOS MERCOSUR se comunicó con la parlamentaria Peña para conocer de cerca las razones por las cuales los colectivos de defensa de los derechos por orientación sexual no fueron invitados a la reunión, y tras poner a Peña al tanto de la situación, la Comisión se puso en contacto con las respectivas organizaciones.

Por su parte, Margarita Navarrete, directora del Observatorio de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, dijo al Boletín SOMOS MERCOSUR que en la reunión su organización “va a hablar desde el punto de vista de lo que consideramos que la comisión debería hacer de cara al Informe Regional de Derechos Humanos”. “Lo de los informes por país no nos parece lo más adecuado”, sentenció Navarrete, para explicar luego que la entidad que representa planteará en la audiencia pública “la necesidad de que comiencen a tratarse temas regionales” porque “para los temas nacionales ya hay ámbitos de protección”. Para el Observatorio, “la duplicidad de ámbitos no parece lo más adecuado”, una valoración compartida por otras organizaciones, según pudo saber este medio. No obstante, Navarrete destacó aspectos positivos del trabajo de la comisión: “La investigación sobre campesinos paraguayos tal vez sea el producto más importante de la comisión”. La directora del Observatorio señaló asimismo que “sería muy saludable que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento coordine mucho más en el ámbito regional con la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos”. 

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En el caso de la Amazonia, el documento señala que sufre la presión de agricultores interesados en aumentar sus áreas de cultivo y de madereros. Agrega que el estado de conservación de la sabana brasileña y del Pantanal ya es crítico y que ambos ecosistemas sufren un rápido proceso de expansión de la frontera agropecuaria. El documento considera además muy “vulnerable” el estado de conservación de la sabana mesopotámica de Argentina, del Chaco y de los desiertos de Atacama y Sechura, y como “crítico amenazado” el de El Espinal patagónico y los bosques templados valdivianos. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Carlos Minc, señaló que el estudio demuestra que el ambiente dejó de ser algo secundario para el bloque. “Coincidimos en que, como ya ocurre en los países desarrollados, el medio ambiente también es prioritario en la órbita de la producción y del comercio del Mercosur”, dijo por su parte a la agencia internacional de noticias EFE el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Carlos Colacce.

“Si pensamos que los países del Mercosur exportan principalmente productos que surgen de sus recursos naturales tenemos que concluir que, si no protegemos el medio ambiente, vamos a terminar matando nuestra gallina de los huevos de oro”, explicó. El texto indica también que las actividades comerciales y la propia integración juegan un papel decisivo sobre los recursos naturales y sobre los ecosistemas comprendidos en un área de 12 millones de kilómetros cuadrados que abarca a los cinco países. Agrega que varias de las ecoregiones son compartidas, lo que demuestra “que ningún país está aislado ambientalmente”. Los productos agropecuarios y materias primas representan el 47% de las exportaciones de Brasil, el 60% para Argentina, 70% para Uruguay, 80% en Chile y 87% en Paraguay, señala el informe, que además advierte que, por esa razón, las medidas que restringen la extracción de los recursos naturales “chocan” con las potenciales ganancias por su exportación, especialmente porque los precios son impuestos por países que no sufren directamente los daños ambientales.

En base a agencia EFE

A lo largo y ancho del Mercosur, alivio.

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En la apertura del encuentro, el ministro Dulci habló sobre el sentido del Consejo en el ámbito del proyecto de participación social impulsado por el gobierno federal. “Consideramos que la participación social y su rol en la definición, ejecución y puesta a punto de las políticas públicas es algo que debe formar parte de la dinámica democrática del país y del método de gobierno, pues esa participación otorga calidad a la democracia representativa”, afirmó Dulci, para quien la decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de crear el Consejo Brasileño del Mercosur Social y Participativo está “inspirado” en iniciativas análogas aplicadas en los países del bloque. “Brasil es un país que posee una sociedad civil fuerte, autónoma, y representativa”, sentenció el ministro, para luego agregar que está a la expectativa de que “éste Consejo enriquezca la política de integración regional del Mercosur”. En ese mismo sentido, su colega Amorim destacó que “la dimensión ciudadana del Mercosur es de fundamental importancia”. “El Mercosur es cada vez menos una iniciativa solamente de los gobiernos y cada vez más una propiedad de los pueblos”, subrayó Amorim.

En el encuentro se trataron temas como la integración productiva y el Plan Estratégico de Acción Social, temas que actualmente se encuentran en etapa de negociación en el ámbito del bloque. Para ello, fueron invitados expositores de la talla de Reginaldo Arcuri, presidente de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI) y Valdomiro de Souza, jefe de la Asesoría Internacional del Ministerio de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza. Además, participaron de la reunión representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, de los movimientos ruralistas y agrarios, así como de entidades de defensa de los derechos de las mujeres, negros, estudiantes. Todos ellos fueron previamente consultados acerca de los temas a tratar en esta primera reunión, así como en las siguientes. Así, en el próximo encuentro serán tratadas temáticas tales como el plano estratégico de la integración productiva, asunto que será centro de los debates en la próxima reunión de los presidentes del bloque a realizarse en diciembre en Salvador de Bahía, y la acción social en el ámbito del Mercosur, tema central de la próxima reunión ampliada del Grupo Mercado Común (GMC), que recibirá a los ministros de Desarrollo Social de los países del bloque.

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“Chacho tuvo durante el día de ayer un dolor en el pecho. No le dio importancia. Pero a la tarde el dolor se hizo más agudo. Entonces llamamos a la emergencia. Aparentemente no tenía nada y lo enviaron a un sanatorio. Ahí detectaron que tenía un preinfarto”, dijo Nejamkis a la prensa argentina, tras lo cual agregó: “Le hicieron el tratamiento, que no conozco en detalle, destaparon lo que estaba tapado, y se fue el dolor. Y Chacho quedó internado. La situación está bajo control”, detalló el vocero. Por su parte, la encargada de Prensa de la CRPM, Itatí Schvartzman, dijo a este medio que Álvarez, se encuentra “bien” y “estable”. Schvartzman indicó que Álvarez “trabajó ayer normalmente en las oficinas del Mercosur”, ubicadas en el ex Parque Hotel de la capital uruguaya, tras lo cual “sintió un malestar” y fue conducido al hospital Casa de Galicia. Según Nejamkis, “se llamó a la emergencia médica pero no detectó nada. Por eso, fuimos al sanatorio técnico a hacer un control y, tras los análisis, los médicos dijeron que sufría de un preinfarto”. Según supo este medio, todos los presidentes de los países del bloque siguen de cerca la evolución de Álvarez. 

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En la apertura del encuentro, el ministro Dulci habló sobre el sentido del Consejo en el ámbito del proyecto de participación social impulsado por el gobierno federal. “Consideramos que la participación social y su rol en la definición, ejecución y puesta a punto de las políticas públicas es algo que debe formar parte de la dinámica democrática del país y del método de gobierno, pues esa participación otorga calidad a la democracia representativa”, afirmó Dulci, para quien la decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de crear el Consejo Brasileño del Mercosur Social y Participativo está “inspirado” en iniciativas análogas aplicadas en los países del bloque. “Brasil es un país que posee una sociedad civil fuerte, autónoma, y representativa”, sentenció el ministro, para luego agregar que está a la expectativa de que “éste Consejo enriquezca la política de integración regional del Mercosur”. En ese mismo sentido, su colega Amorim destacó que “la dimensión ciudadana del Mercosur es de fundamental importancia”. “El Mercosur es cada vez menos una iniciativa solamente de los gobiernos y cada vez más una propiedad de los pueblos”, subrayó Amorim.

En el encuentro se trataron temas como la integración productiva y el Plan Estratégico de Acción Social, temas que actualmente se encuentran en etapa de negociación en el ámbito del bloque. Para ello, fueron invitados expositores de la talla de Reginaldo Arcuri, presidente de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI) y Valdomiro de Souza, jefe de la Asesoría Internacional del Ministerio de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza. Además, participaron de la reunión representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, de los movimientos ruralistas y agrarios, así como de entidades de defensa de los derechos de las mujeres, negros, estudiantes. Todos ellos fueron previamente consultados acerca de los temas a tratar en esta primera reunión, así como en las siguientes. Así, en el próximo encuentro serán tratadas temáticas tales como el plano estratégico de la integración productiva, asunto que será centro de los debates en la próxima reunión de los presidentes del bloque a realizarse en diciembre en Salvador de Bahía, y la acción social en el ámbito del Mercosur, tema central de la próxima reunión ampliada del Grupo Mercado Común (GMC), que recibirá a los ministros de Desarrollo Social de los países del bloque. 

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En aquella instancia, Álvarez señaló que “es importante que al mismo tiempo que enfrentamos coordinadamente la situación, nuestros países vayan consensuando una propuesta acerca de cómo deberían renovarse las instituciones del orden económico internacional”. “La crisis, que es global y sistémica, abre al mismo tiempo la oportunidad de construir un orden multilateral más democrático, más justo y mejor gobernado”, agregó, para luego llamar al Mercosur, Suramérica y América Latina toda a “construir posiciones comunes”. Para avanzar hacia este objetivo, Álvarez explicó la necesidad de “poner en marcha desde el Mercosur espacios y mecanismos de debate y participación”, razón última por la cual fue convocada esta reunión, que lejos de sustituir la que los presidentes realizarán en Brasil buscará, desde Montevideo y junto al resto del abanico institucional del bloque, convocar a funcionarios de las distintas áreas gubernamentales y académicas para comenzar a trabajar en la unificación de posturas y posiciones en torno a la configuración del nuevo orden económico internacional.

Y finalmente llegó el día. Representantes diplomáticos y expertos económicos del Mercosur se reunieron en el Edificio Mercosur, examinaron las distintas aristas de la crisis financiera internacional y abogaron por avanzar en la eliminación de las barreras comerciales y el mantenimiento del apoyo estatal a los más necesitados. A su turno, Álvarez resaltó la urgencia de buscar “alternativas” regionales que contribuyan a trazar “una nueva arquitectura financiera” mundial. Es indispensable, dijo, que los países del Mercosur lleguen a un consenso sobre “cómo deberían renovarse las instituciones del orden económico internacional”. En este sentido, el presidente de la CRPM apuntó a la necesidad de alcanzar “una visión común” sobre el “proceso que se abrió en Washington sobre un nuevo orden económico internacional”, en referencia a la cumbre del G-20 celebrada el fin de semana pasado. En la reunión se retomaron propuestas para reducir la presión arancelaria en la zona y se defendió el mantenimiento de los gastos sociales, con una decidida apuesta por la ampliación de la inversión. 

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Respecto a la audiencia pública que en los próximos días tendrá lugar enmarcada en la XV Sesión Plenaria del Parlamento del Mercosur, fuentes de la CRPM aseguraron a este medio que ya está confirmada la presencia de los ministros de Trabajo de los Estados parte del bloque. No es un dato menor: para los trabajadores, esta presencia es absolutamente fundamental. Y es que para los representantes sindicales, se acabó el tiempo de las esperas prolongadas; llegó el momento de analizar la aplicación de la actual normativa y comenzar a revisar algunos de sus puntos más trascendentales. Por eso, para el próximo día 28, uno de los puntos a tratar será la posibilidad de incorporar una Comisión del Seguimiento que custodie el cabal funcionamiento de los acuerdos ya comprometidos y por comprometerse. Porque tal como reveló este medio en pasadas ediciones, los trabajadores no se conformarán con el análisis. Buscarán la suscripción de un nuevo acuerdo, algo que a juzgar por las declaraciones de la dirigencia sindical, insumirá un tiempo de debate y búsqueda del consenso. De ahí que para los trabajadores sea importante la presencia, en el Parlamento, de los ministros.

Como preludio de lo que ocurrirá en la audiencia pública organizada por la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del legislativo regional, el parlamentario brasileño George Hilton reclamó en la última sesión plenaria que el deliberativo, los sectores de la sociedad civil, las entidades empresariales de la región y demás espacios institucionales del bloque unan sus esfuerzos para eliminar las trabas existentes para una integración efectiva en el área del trabajo. Hilton se refería, entre otras cosas, a las dificultades para el libre tránsito de los trabajadores dentro de los límites del bloque. En ese sentido, la Declaración Sociolaboral vigente garantiza que el trabajador migrante, independientemente de su nacionalidad, tenga acceso a la ayuda, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo, reconocidos a los nacionales del país en que esté ejerciendo sus actividades. “Se trata del no prejuicio o del trato nacional, ya establecido como principio fundamental en la Unión Europea, pero que todavía no tiene su aplicación debidamente respetada en el ámbito del Mercosur”, declaró Hilton.

El parlamentario, que integra la Comisión de Trabajo del Parlamento, dijo ante el plenario del legislativo que el grupo está trabajando para identificar las políticas que pueden ser adoptadas para tornar efectivas las disposiciones de los tratados fundacionales del bloque. “Creo que si buscamos una integración en la cual estén presentes las cuatro libertades establecidas en el Tratado de Asunción, es necesario que trabajemos en conjunto con los demás órganos del bloque para que la libre circulación, en especial de trabajadores, se torne un derecho efectivamente aplicable a todos”, afirmó, como anticipando una sintonía con la que muchos trabajadores esperan contar para hacer realidad el sueño de contar con una nueva carta de derechos. Según expresó el Secretario Técnico de la CCSCS, Fernando Berasain, a este medio, la Coordinadora tiene como objetivo brindarle un mayor estatus a la Declaración, actualizar los contenidos, crear una Comisión que realice un seguimiento de su cumplimiento y hasta la adjudicación de un determinado presupuesto para, entre otras cuestiones, efectivizar mecanismos de denuncia en el caso de violación de alguno de los puntos acordados.

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El ministro brasileño fue enfático al sostener que la inversión en planes contra el hambre y la pobreza “amplía el mercado interno de consumidores al mejorar el acceso de la población a bienes de consumo, y al mismo tiempo ayuda a mantener o mejorar los ritmos de producción”. Ananias subrayó también “la extraordinaria dimensión ética” de los programas volcados a los más pobres, que “no pueden ser los que paguen” las consecuencias de una crisis originada en las naciones más ricas del mundo. De hecho, ésta fue una de las conclusiones derivadas de la reunión. El ministro enfatizó que otro punto analizado por los delegados, y en el que también hubo “absoluta coincidencia” fue la necesidad de potenciar al máximo nivel los programas dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria y reducir los índices de desnutrición. Según subrayó  Ananias a la prensa convocada tras la finalización del encuentro, la crisis financiera le da un carácter aun más urgente al combate al hambre y la miseria por los efectos que puede provocar tanto sobre el empleo como sobre la economía de los países del Mercosur.

En ese sentido, el ministro destacó el papel de las naciones suramericanas como grandes proveedoras de alimentos del mundo, aunque recalcó que es necesario fortalecer la soberanía alimentaria en el ámbito interno, pues todavía existen serios niveles de desnutrición en la región. En ese sentido, los presentes dejaron constancia en la declaración final de la necesidad de “fortalecer y profundizar” el combate al hambre en todos y cada uno de los países del bloque”. Las conclusiones del encuentro de autoridades del área social, en las que se resumen los principales puntos de la reunión de este lunes, serán presentadas a los presidentes de los países del Mercosur el 16 de diciembre próximo, en ocasión de la cumbre semestral del bloque, que se celebrará en el balneario brasileño de Costa de Sauipe, en el estado de Bahía. Allí, serán analizadas por los primeros mandatarios, quienes además discutirán la instrumentación de nuevos planes sociales coordinados para aplicar en los países del bloque, un objetivo que para la Reunión de Autoridades del Área Social constituye el “objetivo último” de sus aspiraciones.

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Sobre este punto, el Parlamento del Mercosur dispuso tiempo atrás una prórroga de 30 días en el plazo estipulado para la actuación de la comisión integrada por los parlamentarios Vera, Irrazábal, Thadeu, Mesquita, Palacios, González Quintana, Michelini y Peña. En conversación con este medio, Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que “gracias a la intervención de la comisión ya se han resuelto algunos de los puntos contenidos en las denuncias”. “Nosotros tenemos que elaborar un informe para elevarlo al pleno del Parlamento diciendo que nos parece a nosotros. Yo especialmente lo que quiero, y se que la comisión también, es que la comisión no de consejos sino que en el documento se exprese y se deje en claro el camino que se ha transitado”. La presidenta de la comisión dijo que tras varias conversaciones con las autoridades paraguayas ya se han puesto en marcha algunas medidas para terminar con el asesinato de campesinos por parte de la Policía de ese país. “El gobierno del presidente Fernando Lugo ya resolvió, por ejemplo, que a partir del año que viene sea el propio Estado paraguayo quien suministre el arma a la policía, y que no sean los mismos efectivos quienes aporten el armamento para el desarrollo de su tarea”.

A juicio de Peña, éste cambio permitiría un mayor control desde el Estado para evitar la matanza indiscriminada de campesinos. Por otro lado, Peña resaltó a este medio que desde Paraguay ya se informó al deliberativo regional del procesamiento con prisión de varios de los responsables de los asesinatos a miembros del MCP. Consultada respecto a los plazos que se manejan tanto para la entrega del informe para el esclarecimiento de las denuncias formuladas por el MCP como para la elevación al pleno del Informe Anual de Derechos Humanos, Peña dijo que recién tras realizarse la última audiencia pública se podrá tener un panorama más claro. Respecto a los países abarcados por el informe, Peña habló sobre el caso de Venezuela, y dijo que la comisión planteó a la Mesa Directiva la posibilidad de incorporar a ese país en el documento regional, frente a lo cual “se está a la espera de una respuesta”. Peña dijo que respecto a este tema “la comisión aún no ha tenido una definición” aunque “Venezuela ya ha dicho que no se quiere incorporar”. La legisladora regional opinó que el país caribeño “debería hacer el informe”, “porque es bueno para el propio país” aunque subrayó que “por motus propio, la delegación venezolana ya decidió autoexcluirse”. 

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Es partidario de volver a negociar con Europa. Sostiene que el Parlamento debe tomar “iniciativas de discusión política de fondo” y debatir “un modelo de integración para el siglo XXI”. Elogia a su presidente, Doutor Rosinha, por asignarle al legislativo una agenda de contenidos políticos, y afirma que en el corto plazo el deliberativo deberá dar un salto cualitativo en representación y legitimidad. En ese sentido, se muestra partidario de una reforma de la representación. “El Parlamento representa a los ciudadanos, no a los Estados”, afirma, para luego sostener que mediante un equilibrio entre el número y el mecanismo por el cual se toman las decisiones el legislativo regional se ahorrará el problema de que los más chicos se sientan subrepresentados. Lo confirma con las matemáticas. Habla de un “necesario aggiornamiento” de la institucionalidad del bloque. Alaba los tímidos pasos rumbo a la convergencia macroeconómica. Y subraya que para que el ciudadano común y de a pie pueda ser partícipe de los avances de la integración en su vida cotidiana son necesarios “consensos políticos al máximo nivel y de fondo”.  

Oscar Casal, consultor experto en temas de integración, ex presidente de la Comisión Parlamentaria Conjunta, fue entrevistado por el Boletín SOMOS MERCOSUR. Su visión. Sus dudas. Sus planteos. 

-De visita en Paraguay, Marco Aurélio García, asesor del presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva para la región, sostuvo que una vez culminada la Ronda de Doha sería bueno que el Mercosur encaminara nuevamente una negociación con la Unión Europea (UE). 

-Yo coincido plenamente con lo que señala Marco Aurélio García. De hecho, a través del diputado Raimundi, parlamentario del Mercosur, se planteó a través de un proyecto de disposición, encomendar a la Comisión de Asuntos Económicos y de Asuntos Internacionales el trazado de un pland e trabajo que haga una prospectiva de cuáles serían los escenarios post Doha, recomendando al parlamento la emisión de una opinión política referente a concretar un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. 

-¿Cuáles son los factores que cambian el escenario? -Si bien la Ronda de Doha no está terminada definitivamente, parece claro que los inconvenientes para llegar a un acuerdo general van a permanecer. No digo que sea imposible, pero sí va a ser muy complejo llegar a un entendimiento. Y en ese sentido creo que el Mercosur debe tomar la iniciativa a través de una decisión política al más alto nivel para poder visualizar cuáles son los instrumentos de inserción internacional más convenientes a sus intereses. Me parece que desde el punto de vista político el acuerdo de asociación con la Unión Europea es estratégico para el Mercosur, más allá de las diferencias que existen y que constituyen el otro componente que tendrá que conjugarse con la firme decisión política. Tiene que haber una variable de entendimientos a nivel Mercosur lo suficientemente importantes y articulables de manera eficiente para poder llegar a un acuerdo en el mediano plazo. Yo estoy convencido que la asociación con la Unión Europea es una señal política importantísima para el Mercosur. 

-Es una señal importante, además, que sea el Parlamento quien solicite la reanudación de las negociaciones. 

-Creo que el Parlamento tiene que de alguna manera tomar iniciativas de discusión política de fondo. El Mercosur es el instrumento de inserción de la región en el mundo, indudablemente. Ese es uno de los objetivos. Y en ese sentido, el Parlamento es el ámbito adecuado para debatir justamente esto: qué tipo de inserción. Cuando hablo de debatir hablo de analizar los pros y los contras con los actores de la integración, que son los sectores económicos, comerciales, la sociedad civil, los actores políticos, más allá de los negociadores exclusivamente. El Parlamento tiene ante sí una posibilidad de generar un debate profundo sobre distintos componentes que hacen a un modelo de integración de este siglo, del siglo XXI. Creo que el perfil de inserción del Mercosur en el escenario internacional es uno de los ejes de este acuerdo. 

-Hay quienes opinan que el Parlamento está alejado de la discusión de los grandes temas que hacen a la integración. ¿Comparte esa visión? 

-Sí, lo vi así. Pero tengo una explicación para ello. Más allá de que a uno le podría gustar que la dinámica tuviera otro ritmo, yo creo que hay que analizar el proceso en su conjunto. El Parlamento fue instalado en tiempo récord; desde el mandato que se le da a la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) de iniciar las gestiones hasta la instalación propia del Parlamento pasaron dos años. Es un tiempo récord. Observemos tan sólo cuánto llevó la negociación de otros instrumentos internacionales, y nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Yo creo que toda esta velocidad en torno a la necesidad de poner en funcionamiento al Parlamento efectivamente llevó a generar una dinámica de trabajo más concentrada en la cuestión de la organización y el funcionamiento propiamente dicha. Entonces se concentraron los esfuerzos en hacer funcionar a la institución y los primeros tiempos vimos que la concentración se dirigía hacia esa temática. Ahora, creo que a partir de este segundo semestre se están viendo otras cosas. Ya con un Parlamento funcionando de una manera más adecuada, con una planta mínima de personal que le da un mínimo de gestión para poder funcionar, bueno, ahora el Parlamento se puede dedicar a atender cuestiones de política de fondo. Y eso es lo que se ve en esta presidencia de Rosinha. Hay una agenda con contenidos políticos, hay una preocupación por tratar cuestiones fundamentales que hacen a la relación del Parlamento con la ciudadanía, están programadas una serie de audiencias públicas que le dan sensibilidad al Parlamento. Se comienzan a generar mecanismos de ventilación necesaria entre esta institución, que es la representación de los ciudadanos, y los ciudadanos mismos. Y se están discutiendo otras cuestiones políticas importantes, como las negociaciones económicas internacionales o la fórmula de representación ciudadana para la elección de los parlamentarios, que es una de las cuestiones fundamentales que hará que el Parlamento de un salto cualitativo en representación y legitimidad. 

-¿Me explica eso? 

-No es lo mismo un Parlamento designado que un Parlamento elegido. Estas cuestiones hay que discutirlas porque hacen a la esencia de la legitimidad democrática de la institución y a la esencia de la participación ciudadana dentro del esquema regional. 

-¿Tiene una opinión formada sobre la propuesta de Rosinha para que Argentina y Brasil tengan una representación mayor en el Parlamento, de acuerdo a su tamaño? 

-Es absolutamente lógico. El Parlamento representa a los ciudadanos, no a los Estados. Yo creo que un Parlamento paritario desvirtúa la esencia de una institución de estas características. Porque el Parlamento es la institución donde los ciudadanos están representados. Brasil, por ejemplo, que es más grande en habitantes, deberá tener una representación mayor que el resto. 

-¿No se cae en el peligro de que los países más pequeños no sean tenidos en cuenta en el Parlamento? 

-No, de ningún modo. Primero porque la forma de representación ciudadana, proporcionalidad atenuada, no va a ser una fórmula atada estrictamente a criterios demográficos. Indudablemente los países más pequeños estarán sobrerepresentados y los más grandes subrepresentados, por un lado. Por el otro lado, esto se complementa con un mecanismo de toma de decisiones que ya está aprobado en el Reglamento del Parlamento que hace que ninguna delegación en sí misma o asociada a otra pueda tomar las decisiones importantes en el Parlamento. ¿Por qué? Porque hay mayorías especiales para que en los grandes temas, la mitad más uno de todas las delegaciones tenga que dar su conformidad. Hay un equilibrio entre el número y el mecanismo por el cual se toman las decisiones. Este es un acuerdo político que ya se ha tomado. Y así va a funcionar el Parlamento cuando se logre acordar la fórmula de representación ciudadana, independientemente de que Brasil, por lógica, vaya a tener más ciudadanos que el resto. Es natural que así suceda. El debate que viene ahora en el Parlamento es cómo se cierra el acuerdo político para que esa representación, ese número, tenga un equilibrio adecuado. Con la propuesta de Rosinha cada legislador brasileño representa a dos millones y medio de personas. Cada parlamentario uruguayo, en cambio, representa a ciento ochenta mil. 

-De todas maneras, parece un temor justificado; muchas veces los países más pequeños no son escuchados y al final se termina dando algo así una integración a dos niveles, a dos velocidades distintas. 

-Como en todo proceso de integración hay cierto aprendizaje de cómo ir perfeccionando los mecanismos institucionales y hasta diría, las relaciones de convivencia. Quizás en un principio la cuestión de las asimetrías no haya sido tomada de una manera sustantiva, pero es un tema que hoy está en agenda. Y creo que depende exclusivamente de los consensos políticos al máximo nivel para que estas asimetrías vayan superándose gradualmente, y para que el Mercosur tenga mecanismos que vayan perfeccionando estas herramientas. Y que todos los socios se sientan parte, con una vocación y una voluntad irreversible de profundizar la integración. Esto es una decisión política que por lo menos a nivel de los jefes de Estado se ha manifestado, pero que todavía no ha encontrado los mecanismos adecuados para poder plasmarse a tierra. Este es otro de los desafíos que el Mercosur tiene. De qué manera la voluntad política expresada por los líderes se puede concretar en la integración cotidiana. Y a mi me parece que uno de los instrumentos adecuados para canalizar este tipo de discusiones es el Parlamento como órgano de discusión política. Poder plasmar esto va a conllevar también un perfeccionamiento del sistema institucional de gobernanza que tiene el Mercosur. La cuestión de la reforma institucional tiene que ver con eso también, con qué modelo de Mercosur queremos para este siglo.  

-Ese es uno de los debates postergados.. 

-Han sucedido cosas que no han ayudado a dar este debate de fondo. Algunas desafortunadas, que no han contribuido a generar el mejor clima entre los socios del Mercosur. Pero creo que es una asignatura que el Mercosur tiene que tomar con mucha decisión. Si nosotros vamos a entrar, tal como se avizora, en una etapa de Unión Aduanera con la aprobación del Código Aduanero y la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común (AEC) evidentemente vamos a necesitar mecanismos de gestión y mecanismos de gobierno que permitan llevar adelante esto de manera eficiente, porque si no, no se puede administrar. Los órganos del Mercosur, así como están funcionando, necesitan un aggiornamiento, y ese cambio tiene que ser producto de un debate político, donde los negociadores de los cuatro Estados tomen un rol vital pero abriendo el debate a otros actores fundamentales: actores políticos, actores de la sociedad civil, de la producción y del trabajo. Se está llegando a un momento en que se empieza a percibir que el gobierno del Mercosur, su institucionalidad, no es exclusividad de los buenos oficios de las diplomacias. Se empieza a percibir que esto necesita ser complementado para ser más eficiente. Y entonces por eso digo, nadie tiene la verdad sobre esto, y hay que sentarse a debatir con amplitud de criterio para ver cuál es la manera más conveniente para hacer del Mercosur un instrumento eficiente. Todas estas situaciones de conflicto me parece que en definitiva son señales de que se avizora un nuevo momento para reflexionar y plantearse nuevas estrategias frente a nuevas situaciones. 

-¿Cómo valora el reciente acuerdo alcanzado entre Argentina y Brasil para la eliminación del dólar como moneda de cambio para el comercio bilateral? ¿Se puede empezar a soñar con la moneda única? 

-Creo que la necesidad de la convergencia macroeconómica, que es un postulado de los tratados fundamentales del Mercosur debe ser encarada urgentemente. Es un tema complejo, que trae dificultades, pero es un tema que hay que ponerle una agenda. Hay muchos temas complejos en la integración. El tema de la institucionalidad, el tema de la libre circulación, son todos complejos. ¿Queremos avanzar hacia una integración donde el ciudadano común perciba como un derecho, como un bien, el poder trasladarse libremente de un país a otro, el poder radicarse y  trabajar en otro país de la región? ¿Queremos que la integración tenga efectos positivos en la ciudadanía? Todo esto tiene que ver con consensos políticos al máximo nivel y de fondo. Las democracias en nuestros países se manifiestan a través de los representantes legítimamente elegidos por la ciudadanía, por eso creo que el papel del Parlamento en intentar generar ese espacio de debate y discusión de los grandes temas es absolutamente fundamental. Ese rol, que quizá no esté en las competencias específicas del Parlamento, hace al formateo de un modelo de integración adecuado a una realidad política regional totalmente distinta a la que generó la creación del Mercosur. 

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El presidente se refería al mecanismo que comenzó a funcionar en octubre a través del cual el comercio entre los dos principales socios del Mercosur se realiza en las monedas de cada país. La alusión tiene lugar en momentos en que la región observa con preocupación la crisis financiera internacional desatada semanas atrás en la bolsa de valores de Wall Street. Y pocos días antes que el presidente Lula asista a la Cumbre de Jefes de Estado del G-20, convocada por Estados Unidos para el próximo sábado. Allí, el presidente brasileño no sólo representará a su país sino también, junto con la mandataria argentina, Cristina Fernández, al Mercosur. “Tengo la conciencia de que la reunión no va a definir todo lo que necesitamos que sea definido pero es un inicio extraordinario para que los jefes de Estado asuman personalmente la responsabilidad de discutir soluciones futuras para evitar que vuelvan a ocurrir crisis como ésta”, dijo el mandatario, para quien la Cumbre “permitirá que los países más desarrollados y los emergentes discutan formas de controlar el sistema financiero”.

“Sabemos de dónde viene la crisis, sabemos qué fue lo que generó esta crisis y sabemos que el sistema financiero internacional tiene que tener un cierto control del Estado. Tiene que haber regulación. El sistema financiero no puede ser un casino”, afirmó el presidente semestral del bloque durante su audición radial semanal. Para Lula, el sistema financiero debe “ayudar el desarrollo y al crecimiento de los países” y no solamente acumular riqueza a través de la especulación”. Según el gobernante, lo que el Mercosur puede hacer para afrontar la crisis es fortalecer el bloque económico y aumentar el comercio entre sí, tal como se definió en la reunión extraordinaria convocada por la presidencia semestral para buscar respuestas comunes frente a la debacle financiera mundial. “La crisis puede afectar el desarrollo y el crecimiento económico de los países emergentes, que también tienen que ser escuchados en la discusión porque la salida tiene que ser global. Además de ser una crisis global, la salida también tiene que ser global”, afirmó el mandatario. 

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Luego de que por semanas la crisis internacional centrara la atención de los trabajadores -que incluso se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para evaluar la necesidad de realizar un “blindaje social” que permita preservar los avances obtenidos durante estos años de gobiernos progresistas en la región- la reforma de la Declaración Sociolaboral vuelve al primer lugar de la agenda de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). El tema estará sobre la mesa en una reunión fijada en Montevideo para los próximos 10 y 11 de noviembre, expresamente convocada para fijar, de cara a la Cumbre de Bahía, el posicionamiento de los trabajadores respecto a los cambios a introducir a la  Declaración Sociolaboral. También será el eje de los debates en la audiencia pública fijada entre la CCSCS y el Parlamento del Mercosur para el próximo viernes 28 de noviembre. De esta manera, los sindicatos de la región abocarán sus esfuerzos a la introducción de una serie de cambios a uno de los documentos fundamentales del bloque, firmado hace ya 10 años en la ciudad de Brasilia.

Por ese entonces, el contexto regional era muy diferente al actual. De hecho, el acuerdo para la firma de la Declaración Sociolaboral vigente fue producto de intensos esfuerzos entre trabajadores, empresarios y gobiernos, cuyo signo difería notablemente de los actuales. “Si en aquél momento, contra viento y marea pudimos lograr aquella Declaración, es de esperar que ahora, con los gobiernos progresistas, podamos realizar algunos avances importantes que permitan reactualizar sus contenidos”, expresó el Secretario Técnico de la CCSCS, Fernando Berasain, en conversación con este medio. Según pudo saber el Boletín SOMOS MERCOSUR, las modificaciones que los trabajadores piensan en introducir pasan principalmente por brindarle un mayor estatus al documento, actualizar los contenidos de acuerdo a los cambios que ha sufrido la región, crear una Comisión que realice un seguimiento del cumplimiento de la Declaración y hasta la adjudicación de un determinado presupuesto para, por ejemplo, crear mecanismos de denuncia en el caso de violación de alguno de los puntos acordados.  

Los trabajadores reconocen que todas estas cosas demandan un tiempo prolongado de análisis, muchos acuerdos y sobre todo, largos períodos de maduración. “No es fácil, pero es posible”, repiten al unísono desde la gran mayoría de los sindicatos integrantes de la Coordinadora. Y es que más allá de que existe confianza en que no habrá mayores inconvenientes a la hora de poner en marcha un nuevo estatuto, todos reconocen y advierten que éste es un “proceso largo”. Berasain, no obstante, le ve una ventaja a este último punto: “Cuanto mayor consenso se logre, mayor respeto a los acuerdos logrados”, asegura. Por ahí pasa también la importancia de esta audiencia pública organizada por la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del legislativo regional: comenzar a buscar los consensos necesarios para luego sentar las bases de un nuevo acuerdo entre los trabajadores, los empresarios, y los gobiernos. Sin embargo, esa tarea de búsqueda de entendimientos también afecta a la interna de la Coordinadora, que ya ha comenzado a discutir internamente este tema.

Según pudo saber este medio, ya existen, entre los trabajadores, coincidencias respecto a los cambios a introducir. La primera y fundamental, la necesidad de rediscutir el documento “en el marco de la era progresista” que vive la región. La actual Declaración nació con los gobiernos conservadores, y creemos que es oportuno que los gobiernos apunten a una Declaración Sociolaboral de corte progresista”, fundamentó Berasain. Otra de las coincidencias pasa por la necesidad de dotar al documento de nuevas herramientas institucionales; “Si hay una Comisión Sociolaboral que sólo se reúne cada seis meses y a la cual no todas las centrales pueden asistir por cuestión de recursos estamos ante un ejemplo de déficit democrático”, señaló Berasain. Pero también hay puntos a resolver. Hay quienes entienden que la Declaración debe tener un estatus jurídico diferente, y pasar a ser, a todas luces, un Protocolo. Aunque, en éste último caso, su aprobación e instrumentación estaría supeditada a los legislativos nacionales, donde no todos los gobiernos progresistas cuentan con mayoría.

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El encuentro, que tuvo como lema “El amor es más fuerte” y concluyó este sábado con un concierto del grupo “Las residentas” en la sede del Paragay, como parte de la presentación de la campaña “Chau Homofobia”, comenzó el viernes con una conferencia de prensa en la que cada organización presentó los avances y desafíos de su país, en cuanto a derechos y garantías a las personas lesbianas, gay, transexuales o bisexuales. La jornada continuó con una mesa redonda sobre matrimonio y unión civil, donde se debatieron las propuestas existentes para el logro de esa meta tanto en la región como en el los países más avanzandos en esta temática. La Cumbre, que tuvo por objetivo establecer agendas en común entre las organizaciones miembros de la recientemente creada Red LGTB del Mercosur como forma para ir avanzando hacia la igualdad de derechos de la región, puso sobre la mesa importantes diferencias en las velocidades en las que se vienen procesando los cambios. Por eso, durante el encuentro las organizaciones coincidieron en la necesidad de apoyar el trabajo en los países más rezagados en la conquista de derechos sexuales, como el caso de Bolivia o Paraguay. 

La Cumbre contó con la presencia de la totalidad de las organizaciones presentes en la Red LGBT del Mercosur -Asociación Brasilera de Gays, Lesbianas y Transexuales (ABGLT), Centro de Investigación y Estudios Interdisciplinarios en Sexualidad del Uruguay (CIEI-SU), Colectivo Ovejas Negras del Uruguay, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, (FALGBT), Fundación Igualdad LGBT de Bolivia, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Chile), Fundación Vencer y la Organización Paragay, de Paraguay. Al encuentro asistió además Miguel Ángel Sánchez, representante de la Fundación Triángulo de España, una asociación española que apoyó a la Red LGBT del Mercosur desde sus inicios. En la declaración final emanada del encuentro, los presentes dejaron constancia de los avances producidos en los últimos años en la región, a distintos niveles y con diferente impacto. No obstante, las organizaciones regionales se comprometieron a realizar un fuerte seguimiento de lo que aún resta por hacer. Porque a juzgar por lo dicho en las diferentes instancias de esta Cumbre, “esto recién comienza”. 

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“Nuestras gestiones son entre los parlamentarios. Estamos formando un grupo informal de parlamentarios donde se está trabajando la diplomacia parlamentaria para llegar a una propuesta. Yo tengo que discutir en mi país con algunos parlamentarios para terminar de definir una propuesta. Lo mismo Argentina. Hay parlamentarios de los cuatros países trabajando en esto”, comentó el presidente del legislativo regional al Boletín SOMOS MERCOSUR, en una extensa entrevista realizada semanas atrás. Rosinha, uno de los mayores impulsores del cambio en las formas de representación parlamentaria, opinó en aquella instancia que las reformas previstas implican, en el caso de Brasil, “integrar el Mercosur, pero también integrar a Brasil en el Mercosur”. “Es un país muy grande, y si no tenemos representación de todos los estados podríamos quedar atrapados en una situación de déficit democrático”, agregó. Legisladores paraguayos y uruguayos consultados por este medio dijeron que por el momento no piensan presentar una contrapropuesta. Y prefirieron hablar de “frenar” un cambio en el que algunos aseguran “se le puede ir la vida al Parlamento”. 

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Durante su exposición ante el pleno parlamentario, y como para dejar constancia de la necesidad de fortalecer el intercambio en materia educativa, Haddad recordó que “la Unión Europea llegó a la moneda única antes de a un sistema universitario único”. El secretario de Estado Insistió en que “la respuesta a la actual crisis, al menos en el ámbito del Mercosur, debe pasar por la educación. Y subrayó que en pocos momentos de la historia existieron niveles tan altos de inversión en educación. “El retorno de esa inversión es muy elevado en la región”, dijo el ministro, para luego recordar que  ”cada año de escolaridad aún tiene un impacto elevado en la renta del ciudadano”. Consultado sobre la necesidad de agilizar los procesos de reconocimiento de los diplomas universitarios en el ámbito del Mercosur, el ministro explicó que su país está trabajando en la creación de una Agencia de Acreditación que evalúe y acredite cursos de distintas universidades del bloque. A partir de entonces, señaló Haddad, sería adoptado un sistema de validación de forma automática de diplomas en toda la región.

Tras debatir sobre el panorama económico actual y los mecanismos para evitar que los países de la región sean víctimas de una nueva crisis internacional, los parlamentarios firmaron una declaración  impulsada por el legislador brasileño Aloizio Mercadante, quien consideró que la fase más aguda de la debacle financiera “parece ya estar siendo superada”, aunque advirtió que la economía de los países pueden verse afectadas en “una segunda etapa”. “No hay en la historia ningún momento en el que la distancia entre los países ricos y los países pobres haya sido tan reducida. No por un enriquecimiento de los países pobres sino por un empobrecimiento de los países ricos. Esta crisis dará lugar a un nuevo escenario económico”, opinó Mercadante, quien además rechazó el proteccionismo como respuesta posible a este tipo de adversidades. A juicio del legislador, este tipo de medidas hizo que, tras el hundimiento de 1929, la crisis se agravara. El parlamentario brasileño manifestó que “el integracionismo debe ser la respuesta” mediante una mayor coordinación macroeconómica.

A su turno, el parlamentario paraguayo Modesto Guggiari opinó que la crisis podría ser muy grave para los países pequeños, al tiempo que coincidió con Mercadante en que “la respuesta es la integración, la osadía y la audacia de pensar lo nuevo”. La declaración presentada por Mercadante y apoyada por el resto de los parlamentarios incluyó la creación de un Grupo de Monitoreo de la Crisis, la adopción de políticas que mantengan la liquidez necesaria para las líneas de crédito y la disponibilidad con urgencia de recursos a los estados parte. El documento apuesta además por el estímulo del comercio intraregional, la reanudación de las negociaciones fracasadas en la pasada Ronda de Doha, la armonización de las políticas macroeconómicas y el diálogo entre empresarios y trabajadores como forma de combatir al desempleo. Según informaron varios legisladores a este medio, estos temas integrarán la agenda de las próximas sesiones en busca de un “protagonismo articulador” del deliberativo regional. Y serán centro de las discusiones en cada una de las comisiones involucradas en el tema. 

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