En un fallo histórico, la Justicia uruguaya declaró inconstitucional la ley que blindó a los militares de los delitos de la dictadura
Lo que parecía tiempo atrás imposible se hizo ayer realidad. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay consideró inconstitucional la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con la cual, ya en la transición democrática, los militares se blindaron contra cualquier proceso judicial tras 12 años de dictadura. El dictamen se produjo en vísperas de una consulta popular sobre la anulación o continuidad de la polémica norma, que se celebrará el domingo junto con la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según las últimas encuestas, un 48% se muestra a favor de terminar con la impunidad, un 38% sigue defendiéndola y un 18% está indeciso. Se necesitan la mitad más uno de los votos válidos emitidos para que la ley se anule.
La Corte utilizó 59 páginas y 11.332 palabras para fundamentar su posición y dar luz verde al juez Rolando Vomero para que reinicie las investigaciones que permitan juzgar a los responsables del asesinato de una maestra comunista, Nibia Sabalsagaray, perpetrado en un cuartel militar en 1974. Y si bien el fallo es aplicable solo a ese episodio en particular, sienta un claro precedente judicial frente a otros casos pendientes. Como era de esperar, el fallo del máximo tribunal fue bien acogido por los abogados de las víctimas de la represión. “Es el momento histórico para que Uruguay recupere su dignidad colectiva”, dijo al Boletín Somos Mercosur el abogado Oscar López Goldaracena, a cargo de la defensa de las organizaciones de derechos humanos.
En Uruguay desaparecieron 231 personas y miles de opositores políticos sufrieron torturas, prisión y exilio. El país recuperó sus instituciones en 1985 tras ser electo el colorado Julio María Sanguinetti. La ley de caducidad fue votada en diciembre de 1986 en medio de intensas presiones políticas y militares y obligaba a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos concretos de violaciones de los derechos humanos podían ser revisados. En la práctica, el Ejecutivo bloqueó toda tentativa de verdad y justicia. En un plebiscito realizado en 1989, tras una trabajosa recolección de firmas por parte de varias organizaciones de derechos humanos apoyadas por el entonces opositor Frente Amplio, el 57% de los uruguayos ratificaron la ley.
Nueva realidad regional
El arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998, y la anulación de las leyes de impunidad en Argentina, cinco años más tarde, comenzaron a dar cuenta de una nueva realidad regional favorable a la apertura de los juicios. El efecto también se hizo sentir en el Uruguay, gobernado por primera vez por el primer presidente de centroizquierda, el frenteamplista Tabaré Vázquez. Durante su mandato, ocho ex militares y policías fueron condenados a penas de entre 20 y 25 años de prisión. Además, quedaron bajo proceso los ex dictadores Juan María Bordaberry (1973-1976) y Gregorio “Goyo” Álvarez (1981-1985), señalados por la Justicia como los principales responsables de la represión en el país.
Este año, los organismos defensores de los derechos humanos y el Frente Amplio lograron reunir las 250.000 firmas exigidas para que se convocara una nueva consulta sobre la ley. “Llamamos al pueblo a informarse y votar el domingo de manera responsable. Es nuestra oportunidad de dejar atrás el pasado”, dijo el sindicalista y portavoz de la Campaña por la Nulidad, Luis Puig, a este medio. Miles de personas salieron el martes a la calle para respaldar esa iniciativa bajo la consigna de El último día 20 con impunidad. Para algunos especialistas, de triunfar esa propuesta se abrirá un escenario de intensa discusión jurídica porque la Constitución de Uruguay no contempla la posibilidad de anular leyes. Para otros, la anulación es un recurso válido desde el mismo momento en que es respaldado por la mayoría del cuerpo electoral.
Ricardo Scagliola
Boletín Somos Mercosur
