El Mercosur condenó el golpe en Honduras y anunció que no reconocerá “a ninguna otra autoridad” que a su presidente legítimo

Era, desde el principio, una idea macabra. Pero si los militares golpistas, acompañados por dos de los partidos políticos más importantes de Honduras -el Liberal y el Nacional- pretendían restaurar la “legalidad” y llevar calma a la población, con el grotesco golpe de Estado del domingo lograron exactamente lo contrario. Justificado por la iniciativa del presidente Manuel Zelaya de realizar el domingo una consulta no vinculante para ver si en las presidenciables de noviembre los hondureños se pronunciaban a favor de la posibilidad de reformar la Carta Magna para permitir la reelección presidencial, el golpe del Ejército desató un baño de sangre en el país centroamericano. No hay cifras oficiales de muertos y heridos: están censuradas. Hay, eso sí, algunas contradicciones.

Y es que el propio Zelaya había anunciado que en las próximas elecciones presidenciales no sería candidato, ya que su mandato finaliza en enero próximo y la pelea está centrada entre el nacionalista Porfirio Lobo y el Liberal -y ex vice presidente de Zelaya, pero hoy su acérrimo opositor-, Elvin Santos. Principal fuente de apoyo al régimen militar, la oposición argumenta que si los hondureños aprobaban la realización de ese referéndum y en él se manifestaban a favor de convocar a una Constituyente, Zelaya aprovecharía para cancelar los comicios presidenciales, extender su mandato, cerrar el Congreso y atornillarse en el poder, “al mejor estilo chavista”. Nada de esto pudo ser confirmado, pero por las dudas “y en defensa de la democracia”, las fuerzas armadas arrestaron a Zelaya y lo deportaron a Costa Rica.

El Congreso dijo que había renunciado pero, como no aparecía su renuncia, decidió destituirlo. Así, coronaron un golpe de Estado clásico, mezcla de patoterismo militar y oscuras maniobras en el Congreso, entre gallos y medianoche. Pese a que hoy tomó juramento a sus nuevos ministros, el presidente de facto Roberto Micheletti no logra hacer pie, pese a contar con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la Iglesia, las grandes corporaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación, que censuran sistemáticamente las imágenes de protestas y cualquier atisbo de apoyo a “Mel” Zelaya. Pero las protestas no solo se radicalizan en la capital y también en San Pedro Sula: el frente internacional también ha reaccionado con dureza a la ruptura del orden democrático, que se reinstaló en 1982 con el fin de la dictadura de Policarpo Paz García.

Desde la previsible reacción regional, hasta la dura respuesta del gobierno de Barack Obama -que sólo reconoce a Zelaya como presidente-, pasando por las Naciones Unidas y la Unión Europea, el gobierno de facto va quedando cada vez más aislado: ayer, incluso, El Salvador, Guatemala y Nicaragua suspendieron el comercio con Honduras. En nombre de los países del Mercosur, el jefe de Estado de Paraguay y presidente semestral del bloque regional, Fernando Lugo, condenó el domingo el golpe militar y anunció que ese bloque no reconocerá “a ninguna otra autoridad” de ese país “que no sea Manuel Zelaya Rosales”. Lugo dijo que “los presidentes de la región del Mercosur coincidimos en una firme postura de condena a cualquier evento que ponga en riesgo el orden constitucional y la voluntad manifestada por el pueblo hondureño en elecciones libres”.

En un manifiesto de seis puntos leído esta noche a periodistas en la residencia presidencial de Mburuvichá Roga, el gobernante declaró “inaceptables las situaciones de violencia contra diplomáticos que ejercen sus funciones en tal país, bajo la garantía del derecho internacional”. “Exigimos el respecto irrestricto de los derechos humanos de la población hondureña y las libertades fundamentales, así como de los miembros del Gobierno legítimo de la República”, señala el documento, que hacia el final añade que los países del bloque suramericano han instruido a sus respectivas cancillerías para “articular medidas conjuntas que permitan la inmediata restitución del presidente Zelaya en su cargo” como “única alternativa aceptable para subsanar el conflicto acontecido”. “El nefasto capitulo de los golpes de Estado se canceló definitivamente en la historia de América Latina”, finaliza la declaración.

Redacción
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