Tras visitar México hace ya una semana, una delegación de la UPM arribó a Montevideo para ponerle la firma a dos acuerdos considerados por las autoridades como “estratégicos”. El primero de ellos, con el Parlamento del Mercosur. La reciente creación de un órgano deliberativo regional obligó a la Unión de Parlamentarios a buscar nuevas formas de relacionamiento que permitieran generar sinergias en pos de cumplir los mismos objetivos. Distinto es el caso del entendimiento alcanzado con el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR). Según dijo al Boletín SOMOS MERCOSUR el presidente de la UPM, el diputado bonaerense Osvaldo Mercuri, la idea es trabajar lineamientos claves para los tiempos que corren, entre los que se destacan migraciones, medio ambiente, derechos humanos, trata de blancas, integración fronteriza y cadenas productivas. Y es que para la UPM parece fundamental contar con estudios que permitan respaldar políticas consensuadas a emprender desde cada uno de las localidades del bloque pero, en la generalidad, con una óptica regional.

OSVALDO MERCURI, PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR

“Los parlamentos locales pueden avanzar rápido”

-¿En qué se basa el acuerdo firmado con el CEFIR?

-Es un acuerdo marco de la Unión de Parlamentarios que presido en mi carácter de presidente de los cuatro países y el CEFIR para trabajos en conjunto que tienen que ver con la integración y dado que el CEFIR es una institución y una fundación y nosotros los parlamentarios estaduales, provinciales o locales del Mercosur de los cuatro más Chile como país invitado y la probabilidad de Venezuela es importante trabajar, intercambiar, ponerse a desarrollar temas que tienen que ver con la organización territorial, con la integración, con comercio exterior, con cultura, con política.

-¿Qué líneas se encuentra trabajando la Unión de Parlamentarios del Mercosur?

-En los ejes fundamentales que tienen que ver con la integración. Integración es todo, y dentro de los temas específicos, medio ambiente y derechos humanos, migraciones, el problema del narcotráfico, en fin, temas que recientemente hemos tratado en México con la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). Temas como la integración fronteriza y la trata de blancas tampoco escapan a nuestra órbita. Temas concretos y reales que tienen que ver con el mundo actual en que vivimos.

-¿En qué medida la aparición del Parlamento del Mercosur ha potenciado esta integración política de los países de la región?

-El Parlamento es lo macro. Nosotros venimos como institución funcionando desde el año 1998 con mayor o menor ritmo, y hace dos años, antes de la creación del Parlamento, con mucha integración y con mucha potencia de los países y de los parlamentarios. Esto ha posibilitado que nos acerquemos al CEFIR, que firmemos este acuerdo, que vayamos a las distintas provincias, estados o regiones, según el país y la composición territorial de cada uno, a trabajar en los temas concretos. El Parlamento funciona como macro, nosotros funcionamos como estaduales o provinciales pero acompañando. Y avanzando, porque a veces el Parlamento no puede avanzar porque están las cancillerías, y los parlamentos locales pueden avanzar más rápido.

-También firmaron un acuerdo con el Parlamento del Mercosur.

-Es un acuerdo macro donde, como órgano asesor del legislativo, la Unión de Parlamentarios va a actuar asesorando e intercambiando información sobre distintas políticas para la región. Nosotros lo enviaremos en los próximos días a la Mesa Ejecutiva, donde va a ser finalmente aprobado.

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Para Bachelet primó la urgencia: “No queríamos permanecer impávidos ante una situación que nos preocupa”, sostuvo. Lo cierto es que a cuatro meses de su fundación, la Unasur puso a prueba este lunes en Santiago su capacidad para resolver conflictos en la región. Enfrentado al reto de cumplir con su objetivo de “construir una identidad y ciudadanía sudamericanas y desarrollar un espacio regional integrado”, el bloque analizó la situación de Bolivia y buscó allanar el camino para posibles soluciones a una crisis que comenzó hace dos semanas con una ola de protestas en las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando -controladas por la oposición- que han causado ya una treintena de muertos. Por su parte, los prefectos enfrentados a Evo Morales enviaron una carta a la presidencia de Unasur solicitando su presencia en la cumbre de Santiago, pero oficialmente no ha habido respuesta alguna. En la declaración resultante de la reunión, los presidentes establecen la creación de una comisión para investigar los disturibios suscitados en la región de Pando y dejan claro que no tolerarán golpes de Estado de ningún tipo.

Otra de las resoluciones adoptadas por los presidentes condena la ocupación de las instalaciones gubernamentales por parte de opositores y exige la pronta devolución de todas ellas al Estado. Además, dejaron en claro que no tolerarán ningún tipo de ruptura institucional que termine atentando contra la integridad territorial de Bolivia. Previamente a la reunión, el canciller chileno, Alejandro Foxley, dijo que en las últimas horas los gobernantes de los países de Unasur “han estado en permanente contacto para ver cómo evolucionan los acontecimientos en Bolivia” para “colaborar en todo lo que sea necesario”. Tras la reunión, Foxley subrayó que la Unasur trabajará en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, José Miguel Insulza, viajó este domingo desde Washington a Santiago para participar en la reunión extraordinaria. Puertas afuera del Palacio de la Moneda, símbolo de la resistencia democrática a las dictaduras de la región, simpatizantes y detractores de Morales reproducían la imagen de la división de un país. Adentro, el abrazo a la democracia era más fuerte.

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Según afirmó la parlamentaria uruguaya, “es preciso equilibrar e igualar las leyes” de los miembros del Mercosur, aunque aclaró que ese trabajo debe ser realizado respetando “la diversidad de cada país”. La reunión, realizada en el Senado Federal de Brasil, ha sido la tercera de las cuatro que se ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, que a fines de este año deberá cumplir con la obligación de presentar un informe regional sobre esa materia, retrasado desde hace ya casi un año por problemas de origen administrativo y financiero. Peña explicó que el documento abarcará diversos aspectos, entre ellos el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos suscritos por cada uno de los países del bloque. De hecho, el objetivo final de esta comisión es, según consta en el Protocolo Constitutivo del deliberativo regional, elaborar un proyecto unificado de políticas volcadas a la defensa de los derechos humanos en base a ser presentado ante los gobiernos y congresos de los cuatro países miembros del Mercosur.

Antes de visitar la capital brasileña, los integrantes de la comisión encabezaron el pasado 26 de agosto una audiencia pública en Asunción, a la que acudieron representantes del Movimiento Campesino Paraguayo así como los Fiscales del Estado, responsables de la indagatoria de dos denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de los casos de Benito Gavilán, víctima de un intento de homicidio por parte de dos agentes de la Policía Nacional en 2005, y el de Antonio Almada, torturado y ejecutado en mayo de 2007. La denuncia, que llegó al Parlamento en agosto de 2005, motivó la creación de una comisión investigadora integrada por los parlamentarios argentinos Arturo Vera y Juan Manuel Irrazabal, los brasileños Geraldo Thadeu y Geraldo Mesquita Junior, los paraguayos Mirtha Palacios y Federico Gonzáles Quintana y los uruguayos Rafael Michelini y Adriana Peña. La sub comisión tiene 90 días para elevar al Plenario el informe respectivo a las denuncias. En octubre, los parlamentarios visitarán Buenos Aires. En noviembre, la audiencia se realizará en Montevideo.

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Esa cláusula, según Fier, constituye un “compromiso inalienable con la estabilidad política de la región y con la integración, por lo que cualquier violación resultará en la imposibilidad de que el Estado trasgresor pueda permanecer en el Mercosur”. El presidente del legislativo también citó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y demandó de todos los actores políticos paraguayos “un compromiso solemne con las instituciones democráticas y el Estado de Derecho”. Recordó además que “las recientes elecciones en Paraguay fueron realizadas dentro de la más absoluta normalidad y tuvieron una alta participación popular”, lo que “demuestra la madurez de la sociedad civil paraguaya” y “comprueba la legitimidad de las autoridades democráticamente constituidas en ese país”. Lugo denunció el lunes una conspiración contra su gobierno orquestada por su antecesor Nicanor Duarte y por el militar retirado Lino Oviedo, uno de sus adversarios en las últimas elecciones.

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La reunión a desarrollarse en Buenos Aires contará con tres partes. En la primera de ellas, la Comisión se abocará a la realización de la audiencia pública pactada con el gobierno, movimientos sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Durante el encuentro, los parlamentarios recogerán las dudas, denuncias y peticiones de los presentes. Y tomarán nota de los reclamos, para trasladarlos al Informe Anual que, si los plazos no sufren severas modificaciones, será presentado en diciembre. En una segunda instancia, la Comisión llevará adelante su reunión ordinaria. Ya en una tercera y última parte, se abocará a tratar y hacer el seguimiento de las denuncias de organizaciones y particulares. Es el caso de cuestiones tan disímiles como el reclamo del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) por casos de torturas y asesinatos o la denuncia planteada por el ciudadano venezolano Leopoldo López, alcalde del municipio de Chacao (Caracas), que ha sido inhabilitado por su gobierno a participar de las elecciones municipales a desarrollarse el próximo 23 de noviembre.

Respecto a las violaciones a los derechos humanos denunciadas por el MCP, Peña recordó que actualmente la Comisión está haciendo uso de una prórroga de un mes y deslizó que es probable que en breve los legisladores mantengan una reunión con el ministro del Interior de Paraguay, Rafael Filizzola. La Comisión ya se ha reunido con el presidente Fernando Lugo, quien según Peña “no brindó opinión sobre el caso pero si dio todo su apoyo personal para que se investigue”. En cuanto al caso de Leopoldo López, Peña dijo que “Venezuela es un caso aparte” del resto de los países de la región, ya que según el Reglamento Interno del Parlamento, “el Informe Anual sólo refiere a los socios plenos”. Actualmente, los miembros de la comisión aguardan que la Mesa Directiva resuelva si Venezuela entra dentro del área de cobertura o queda relegada del Informe. “Sería muy positivo que el Informe pudiera abarcar a todos los países, más aún cuando se presentan en la Comisión denuncias como éstas (en referencia a la presentada por López ante el legislativo regional)”, afirmó Peña al Boletín SOMOS MERCOSUR.

La legisladora dijo además que la delegación venezolana ha solicitado no ser incluida como parte del relevamiento regional que se viene realizando. Según informaron fuentes parlamentarias, tras su labor en Buenos Aires, la comisión sesionará en Montevideo hacia fines de noviembre, para cuando está previsto que allí se realice el cierre de este ciclo de audiencias públicas de las cuales resultará un primer relevamiento sobre a la situación de los derechos humanos en la región. Tras ello, comenzará la tarea de resumir el material recogido y procesarlo, un trabajo que no conoce antecedentes en la región. Si no hay sorpresas, la presentación oficial del informe se realizará en diciembre. Y es que aún se está a la espera de lo que defina la Mesa Directiva del Parlamento respecto a la inclusión de Venezuela (o no) en el relevamiento. Mientras, otros temas ocupan la agenda. El próximo 25 de noviembre, y con motivo del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, la Comisión realizará una Sesión Extraordinaria con participación de reconocidas organizaciones, colectivos y personalidades.

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La discriminación hacia mujeres y homosexuales y la necesidad de poner en marcha un plan de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades fueron los puntos más sobresalientes de la XIII Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur, que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad brasileña de Porto Alegre. La reunión, organizada por la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Brasil, país a cargo de la conducción semestral del bloque, también analizó una propuesta destinada a fortalecer el recuerdo de las víctimas de las dictaduras que en décadas anteriores imperaron en la región mediante la creación de un fondo que financie trabajos basados en los acontecimientos del pasado reciente. La creación de un Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos tampoco quedó atrás. Y está previsto que en la Cumbre de Salvador, a realizarse en diciembre, sea elevada a los presidentes una propuesta formal en ese sentido.

Los actuales casos de discriminación y la consiguiente necesidad de promover el respeto a la diversidad sexual como método de convivencia pacífica en una sociedad democrática fueron los dos asuntos centrales abordados en el encuentro. Y aunque se admitieron avances y acuerdos en relación a ambos asuntos, todos los presentes coincidieron en que aún hace falta un esfuerzo mayor de los estados ante la violencia doméstica que sufren muchas mujeres, las diferencias de acceso a las oportunidades según el género y la discriminación de que son objeto las personas homosexuales. Durante la primera jornada del encuentro, se discutió además la posibilidad de crear un fondo económico regional para financiar proyectos destinados a preservar la memoria de las víctimas de las últimas dictaduras militares que azotaron a la región décadas atrás. Según se manejó en la reunión, el fondo se constituiría en base a los aportes que realizaría cada uno de los países del bloque, independientemente de su condición de socios plenos o asociados.

La intención es que el bloque financie trabajos artísticos o periodísticos sobre las dictaduras y las persecuciones que sufrieron millares de personas a lo largo de las décadas de los años 60, 70 y 80. Por lo pronto, la idea es que el proyecto sea presentado en la Cumbre de Salvador, a la que se prevé la asistencia de los presidentes de la región. Allí también se entregará un documento que será preparado en los próximos meses y que recogerá, fundamentalmente, la inquietud por desarrollar nuevas políticas que enfrenten la actual situación de discriminación, tema central de discusión e intercambio en el recientemente creado subgrupo sobre diversidad sexual, que funciona en la órbita de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos. En Salvador también se prevé hacer entrega de un proyecto dirigido a la creación de un Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, que tendría como objetivo el fomento del intercambio de información y de experiencias legislativas en esa materia.

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“La integración regional es inseparable del pleno respeto a la democracia”. La advertencia, realizada por los países miembros del Mercosur, fue explicitada en un comunicado difundido hace algo más de una semana. Allí, los países de la región hicieron público el respaldo al recientemente asumido presidente del Paraguay, Fernando Lugo. La nota, difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a cargo de la presidencia semestral del bloque regional, deja constancia del “apoyo a la institucionalidad democrática en el Paraguay y a su Presidente, legítimamente electo por el pueblo paraguayo”. En el  comunicado, los países del Mercosur hicieron alusión a la cláusula democrática que rige en el bloque, según la cual todo país en el que sea alterado el orden constitucional será automáticamente suspendido. Lugo, que asumió la primera magistratura hace tres semanas, denunció hace una semana la existencia de una conspiración contra su gobierno presuntamente orquestada por el ex mandatario Nicanor Duarte y el militar retirado Lino Oviedo, uno de sus adversarios en las últimas elecciones.

Antes de conocerse el comunicado conjunto, la mayoría de los gobiernos de la región y hasta la mismísima Organización de Estados Americanos (OEA) ya habían manifestado su solidaridad con el presidente Lugo y la democracia paraguaya. En otro comunicado, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza había expresado su “profunda preocupación” ante las denuncias, llamado a las fuerzas políticas paraguayas a superar sus diferencias y reiterado su firme respaldo a la gestión de Lugo para llevar adelante por vías democráticas las transformaciones que Paraguay requiere. Convocados por el canciller paraguayo, Alejandro Hamed, para recibir detalles sobre la denuncia hecha pública por el Lugo, los embajadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela habían expresado también su apoyo al Ejecutivo paraguayo. A cargo de la presidencia pro témpore del bloque, el canciller brasileño, en nombre de su gobierno, aseguró que “no habrá ninguna aventura golpista”, porque “en América Latina ya pasó la era” para eso.

Fernando Lugo, que asumió como presidente el 15 de agosto, denunció un plan orquestado contra su gobierno y urdido por su antecesor, Nicanor Duarte, y por el general retirado Lino Oviedo. La denuncia, fundamentada en el testimonio clave del general Máximo Díaz Cáceres, enlace de las Fuerzas Armadas con el Congreso -que dijo haber sido llevado el domingo a una reunión conspirativa en casa de Oviedo de la que posteriormente se retiró- motivó la inmediata reacción de cientos de organizaciones sociales y campesinas de Paraguay, que un día después se movilizaron hacia Asunción para apoyar al gobierno democrático. Todos los referentes políticos acusados de participar de la reunión negaron la existencia de un complot golpista en contra de Lugo. No obstante, Oviedo reconoció públicamente haber mantenido una reunión con Duarte, aunque rechazó ser partícipe de una conspiración, por lo cual se mostró dispuesto a someterse a “la más exigente investigación para demostrar que es una absoluta mentira”. Duarte, entretanto, consideró que “al presidente Lugo le mintieron”.

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Cristina Fernández, que llegó el sábado a Brasil, sostuvo que la integración “es el único camino posible para remover décadas de desencuentro” en las relaciones entre ambos gigantes latinoamericanos. La mandataria definió a la integración con Brasil y el resto de América del Sur como “el único camino posible para remontar décadas de desencuentros” y advirtió que “es la política la que guía a la economía y no al revés, como quisieron hacernos creer”. Cristina  Fernandez habló el sábado en la inauguración de la planta de generación de energía eólica ubicada en la localidad de Suape, Recife, en el nordeste brasileño. “La integración no es una opción, es el único camino posible para remontar una historia de desencuentros y creo que también de algunos fantasmas que, con otras intenciones, intentaron sembrar diferencias entre la Argentina y Brasil”, subrayó Fernández, quien advirtió que “la historia no nos perdonaría si equivocáramos el camino y no ayudáramos a consolidar el Mercosur y la relación bilateral entre nuestros países”.

Sobre su visita a tierras norteñas, Cristina dijo que “no podría haber mejor manera de iniciar mi visita de estado a Brasil que en un evento como el que nos ocupa hoy aquí, en Pernambuco, al inaugurar esta fabrica de energía renovable”. “Debemos saber cómo podemos aportar cada uno lo mejor de nuestra clase empresarial, el conocimiento, la investigación, la tecnología para superar décadas de desencuentros que generaron que aquí se encuentre a la mitad de los pobres del Brasil”, sostuvo la mandataria, que señaló también que “en la Argentina la aplicación por décadas de políticas equivocadas en materia económica generaron también muchísimos pobres e indigentes”, pero peor aún “generaron una falta de confianza como sociedad para desarrollarnos y eso desembocó en la crisis política económica e institucional del 2001 en la que implosionó el país”. Fernández reconoció que “hoy estamos en una nueva etapa donde la generación de valor agregado y desarrollo del perfil industrial, en el cual la integración con Brasil y con el resto de América del Sur es una cuestión conceptual”.

La mandataria explicó que en décadas pasadas “quisieron hacer creer que la economía era una ciencia exacta y que era imposible la orientación política diferente” y que ese argumento “podía venderse porque las verdaderas intenciones no las escribían y era necesario envolverlas en una doctrina en la que no existiera el estado y donde la política nada tenía que ver con la economía”. “Esto lo causó el neoliberalismo que trajo una inmensa tragedia en América Latina; pero hoy estamos en una etapa fundacional”, destacó, para luego abogar por aumentar el comercio bilateral y el intercambio con Brasil, sobre el cual dijo que si bien “este año vamos a llegar a un intercambio de 30 mil millones de dólares”, aún quedan “asimetrías” a “superar mediante la profundización de la integración” entre los países del continente. Tras reunirse con empresarios, la mandataria se dirigió hacia Recife, desde donde más tarde partió hacia Brasilia para participar el domingo de los festejos de la independencia del Brasil y el lunes de la audiencia con su par Lula da Silva.

En base a agencias

No obstante, aún restaría acordar el monto del dinero que a cada país le correspondería aportar para el correcto desenvolvimiento del proyecto. La idea es terminar de analizar éste y otros aspectos antes de la reunión de jefes de Estado del bloque a celebarse en diciembre en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía, de modo de poder elevar a esa instancia al menos un primer borrador de la iniciativa. Junto a esta propuesta se llevaría a consideración otra, relacionada a la posibilidad de interconectar los bancos de datos sobre derechos humanos que existen en los países del Mercosur, a fin de que puedan ser usados por tribunales en procesos como los que se vienen llevando en países como Argentina, Chile o Uruguay, donde ya fueron procesados varios mandos militares por crímenes de lesa humanidad. Se aspira además a que el acceso a esos bancos de datos sea “realmente universal”, de modo que todos los ciudadanos tengan derecho a conocer la verdad respecto a los hechos del pasado reciente.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Alejandro Hamed Franco, afirmó la pasada semana su convicción de que el ingreso de Venezuela puede ayudar a los países más pequeños a “manejar con más comodidad” la relación con los dos socios mayores en tamaño, Argentina y Brasil. “Ustedes saben, hay algunas cositas que ajustar, por tanto, considero que es totalmente factible” la aprobación de ese pedido, destacó el canciller en rueda de prensa, en la que además subrayó el hecho de que con ese objetivo se vienen llevando adelante intensas conversaciones con los legisladores de su país. Antes, durante una comparecencia pública, el presidente Lugo había reiterado su voluntad de que el ingreso de Venezuela sea “hechos y no discursos”. En similar sentido, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales del Senado paraguayo, Alberto Grillón, indicó a la agencia EFE que el cuerpo legislativo aún no ha definido la fecha para analizar el pedido de inclusión, requisito formal para el ingreso de nuevos socios al bloque, aunque podría ocurrir “en pocas semanas”.

A todo esto, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, el diputado Saúl Ortega, aseguró que el Parlamento de Paraguay “tiene previsto” aprobar “a mas tardar en la segunda quincena de septiembre” el ingreso de su país en el Mercosur, según declaraciones realizadas a la prensa venezolana. Previamente, Ortega había adelantado al Boletín SOMOS MERCOSUR que una delegación de senadores paraguayos visitaría Venezuela del 29 de agosto al 3 de septiembre “para agilizar ese ingreso”. De visita en Paraguay con motivo de la asunción de Lugo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, insistió el pasado 16 de agosto en la necesidad de que el Congreso de ese país y también el de Brasil aprueben la adhesión plena de su país al Mercosur en base a una necesidad mutua, tanto de su país como del bloque. Ese día, durante un acto público llevado a cabo a 300 kilómetros de la Asunción, el mandatario venezolano dijo que su gobierno está “a la espera de que el Congreso paraguayo apruebe pronto, el ingreso de Venezuela al Mercosur”.

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