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Comisión de Derechos Humanos continúa ciclo de audiencias públicas en países de la región para la elaboración del Informe Anual

Como si el debate desarrollado en la Reunión de Altas Autoridades realizada en Porto Alegre hubiera tenido efectos más que inmediatos, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur recalcó la pasada semana en Brasilia la necesidad de que los países miembros del bloque comiencen un proceso de homogeneización de sus políticas en esa materia para fortalecer “la ciudadanía de la integración”. Más aún, la diputada uruguaya Adriana Peña, presidenta de la comisión legislativa, sostuvo que es necesario llevar la integración a todos los ámbitos sociales y afirmó que “debe haber una mayor unión en la aplicación de políticas relativas a los derechos humanos”. Al hacer uso de la palabra, Peña puso como ejemplo la elaboración, por parte de los gobiernos de Argentina y Brasil, de informes anuales sobre la situación de los derechos humanos. Y apuntó a que si bien Uruguay y Paraguay aún no adoptan esa misma política, de ser unitaria la misma ayudaría a realizar estudios regionales y fortalecer la integración entre los países del bloque.

Según afirmó la parlamentaria uruguaya, “es preciso equilibrar e igualar las leyes” de los miembros del Mercosur, aunque aclaró que ese trabajo debe ser realizado respetando “la diversidad de cada país”. La reunión, realizada en el Senado Federal de Brasil, ha sido la tercera de las cuatro que se ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, que a fines de este año deberá cumplir con la obligación de presentar un informe regional sobre esa materia, retrasado desde hace ya casi un año por problemas de origen administrativo y financiero. Peña explicó que el documento abarcará diversos aspectos, entre ellos el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos suscritos por cada uno de los países del bloque. De hecho, el objetivo final de esta comisión es, según consta en el Protocolo Constitutivo del deliberativo regional, elaborar un proyecto unificado de políticas volcadas a la defensa de los derechos humanos en base a ser presentado ante los gobiernos y congresos de los cuatro países miembros del Mercosur.

Antes de visitar la capital brasileña, los integrantes de la comisión encabezaron el pasado 26 de agosto una audiencia pública en Asunción, a la que acudieron representantes del Movimiento Campesino Paraguayo así como los Fiscales del Estado, responsables de la indagatoria de dos denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de los casos de Benito Gavilán, víctima de un intento de homicidio por parte de dos agentes de la Policía Nacional en 2005, y el de Antonio Almada, torturado y ejecutado en mayo de 2007. La denuncia, que llegó al Parlamento en agosto de 2005, motivó la creación de una comisión investigadora integrada por los parlamentarios argentinos Arturo Vera y Juan Manuel Irrazabal, los brasileños Geraldo Thadeu y Geraldo Mesquita Junior, los paraguayos Mirtha Palacios y Federico Gonzáles Quintana y los uruguayos Rafael Michelini y Adriana Peña. La sub comisión tiene 90 días para elevar al Plenario el informe respectivo a las denuncias. En octubre, los parlamentarios visitarán Buenos Aires. En noviembre, la audiencia se realizará en Montevideo.

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