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Organizaciones de la sociedad civil a la Comisión de Derechos Humanos: contenidos del Informe deben pensarse en clave regional

Con una audiencia pública realizada en el Edificio Mercosur de la ciudad de Montevideo, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del legislativo regional concluyó su ronda de consultas sobre la aplicación y fomento de los derechos universales en los países de la región. Los datos recopilados en Uruguay se sumarán a los ya obtenidos en Argentina, Brasil y Paraguay, con los que el parlamento elaborará un Informe Regional para seguir anualmente la “evolución o el retraso” de cada país, según explicó la presidenta de la comisión, la uruguaya Adriana Peña, para quien el documento “servirá para armonizar las legislaciones de los estados miembros del Mercosur e igualar la calidad de vida de sus ciudadanos”. En el encuentro hicieron uso de la palabra autoridades de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Uruguay, quienes informaron sobre la situación del país en materia de derechos humanos. Por su parte, los representantes de organizaciones de la sociedad civil plantearon la importancia de los cambios que se están procesando actualmente en el Uruguay, la urgencia de acortar distancias entre la legislación y la práctica, y la necesidad de que el Informe sobre Derechos Humanos del Parlamento tenga una dimensión regional.  

Uno de los primeros en tomar la palabra fue el senador Reinaldo Gargano, ex ministro de Relaciones Exteriores, quien durante su alocución resaltó entre los logros de Uruguay la nueva legislación sobre emigración, con medidas para propiciar el retorno de quienes viven fuera del país, y el proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos, recientemente aprobado por el legislativo nacional. Entre los “asuntos pendientes” de Uruguay en materia de derechos humanos, el ex canciller Gargano situó al sistema penitenciario que, con un 75 por ciento de reclusos menores de 30 años y un 60 por ciento de presos sin sentencia, se encuentra en una “situación delicada”, según expresó ante los miembros de la comisión. En este sentido, al hacer uso de la palabra, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Álvaro Garcé, recordó que Uruguay es el segundo país de América Latina en número de presos, con 231 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo que lo sitúa, en comparación con el resto de los países de la región, solo por detrás de Chile. El hacinamiento, la atención sanitaria y la casi nula inclusión social son algunas de los “fallos” de Uruguay en materia carcelaria, dijo Garcé, quien propuso fomentar el trabajo como forma de inclusión. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo, Alba Cocco, recordó que en los últimos tres años se aprobaron en el país 89 leyes que tienen que ver con la protección y la promoción de esos derechos. En tanto, las directoras de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Dupouy, hicieron especial énfasis en la investigación, y reparación de los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la última dictadura militar, así como en los documentos sus respectivas carteras vienen elaborando y que a principios del próximo año serán puestos en consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su turno, representantes de la sociedad civil, entre los que se encontraban el Foro de Mujeres del Mercosur, Cotidiano Mujer, el Observatorio de Políticas Públicas en Derechos Humanos y la Red de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) del Mercosur plantearon la necesidad de que la elaboración del Informe Regional de Derechos Humanos se piense desde otra perspectiva, con un desarrollo regional de los contenidos, sin competir con los órganos de supervisión ya existentes.  

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