Los trabajadores se hicieron escuchar y el debate por la reforma de la Declaración Sociolaboral se echó a rodar en el Parlamento

Y finalmente llegó el día. En el marco de una audiencia organizada por la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del Mercosur, y con una presencia multitudinaria de autoridades, líderes sindicales, trabajadores de a pie y representantes de la sociedad civil, los principales actores de la integración pusieron en marcha el pasado viernes uno de los objetivos prioritarios de la Coordinadora de Centrales del Cono Sur (CCSCS): la reforma de la Declaración Sociolaboral, un compromiso sellado hace diez años por trabajadores, empresarios y gobernantes en la búsqueda de un acuerdo que permitiese mejores condiciones laborales en el marco del bloque regional. La apertura del evento estuvo a cargo del presidente del legislativo regional, Florisvaldo Fier -conocido como Doctor Rosinha-, y la  presidenta de la Comisión, la parlamentaria argentina  Mabel Müller. En el transcurso de la audiencia hicieron uso de la palabra el secretario general de la Coordinadora, Gerardo Martínez, así como el ministro de Trabajo de Uruguay, Eduardo Bonomi, presente en el encuentro. 

Al comenzar la actividad, Rosinha recalcó la importancia de que el Parlamento genere un espacio para reflexionar acerca de los cambios que necesita la Declaración Sociolaboral. Y enfatizó en la necesidad de aprovechar la coyuntura política que vive la región para introducir “reivindicaciones históricas” de los trabajadores a lo largo de tantos años. Rosinha no pasó por alto la actual crisis financiera internacional, cuyos efectos, advirtió, traerán consecuencias serias para las economías de la región. “La crisis no la pueden pagar los más pobres”, alertó el presidente del deliberativo, como anticipándose a los dichos de su colega, Mabel Müller, que a su turno destacó que los efectos y repercusiones de la crisis ya se están sintiendo en la región, haciendo particular referencia a la disminución de horas extras, el adelanto de las licencias y otras medidas que ya comienzan a verse reflejadas en muchos de los países de la región. La parlamentaria sostuvo, asimismo, que estos hechos “son una alarma que tenemos prendida”, por lo que debemos fomentar la solidaridad entre los países y buscar, lejos de absurdas rivalidades del pasado, “la mejor forma de complementarnos”.

A su turno, el secretario general de la Coordinadora, el argentino Gerardo Martínez, sintetizó en pocas palabras la importancia de esta declaración, al tiempo que lanzó duras críticas al funcionamiento y vigencia de la misma. En ese sentido, Martínez, expuso “pensamientos, reclamos y propuestas” para mejorar los contenidos y aceitar el monitoreo de los acuerdos incluidos en todos sus pasajes. Durante su intervención, el representante de los sindicatos de la región subrayó la mejora de algunas variables macroeconómicas, como el aumento extraordinario del Producto Bruto Interno (PBI) de los países del bloque, aunque asimismo criticó con dureza la ampliación de la brecha entre los más ricos y los más pobres. Adentrándose en la letra chica de la Declaración y los cambios que los trabajadores estiman necesarios, Martínez habló de la necesidad de poner en marcha una Comisión de Seguimiento que monitoree el cumplimiento de los cometidos del documento y, en su caso, hasta reciba denuncias referidas al incumplimiento de alguno de los puntos del acuerdo. Este asunto encontró eco en la Coordinadora, que aún no ha resuelto si otorgarle otro estatus al acuerdo entre empresarios, gobiernos y sindicatos, o mantener su carácter declarativo. 

Este último punto quedó de manifiesto en las intervenciones que, representantes de los distintos sindicatos de la región nucleados en la CCSCS, realizaron ante las autoridades del Parlamento y los invitados a la audiencia. Fue el caso, por ejemplo, de Valdir Vicente, Secretario de Relaciones Institucionales de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Brasil, que planteó la necesidad de  que esta declaración pase a ser vinculante, mediante su transformación en un Protocolo. “De esa forma pasaría a tener mucha más fuerza”, sostuvo. Más crítico, Bernardo Rojas, de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Paraguay, expresó que en su país la declaración “nunca funcionó” y los derechos de los trabajadores están “muy relegados”, razón por la cual dijo “es necesario introducir cambios” y “mejorar el funcionamiento” de la Declaración, aunque prefirió no hablar de un cambio de estatus, pero sí de una “Comisión de Seguimiento”. Juan Castillo, secretario general del PIT-CNT uruguayo, reclamó por su parte un “salto de calidad” en materia de derechos de trabajadores debido a que “los avances de los últimos años se resumen en una palabra: nada”, según manifestó.

Hacia el final del encuentro, en muchos pareció tener cabida la idea lanzada por Martínez en el sentido de forjar  una “alianza estratégica” entre el Parlamento del Mercosur y los trabajadores. De hecho, la idea fue repetida tanto en las posteriores intervenciones de los dirigentes sindicales que hicieron uso de la palabra como en las conversaciones que, ya en los pasillos, mantuvieron los legisladores con cuanto representante sindical se les cruzaba. Ya en el cierre, el ministro uruguayo de Trabajo, Eduardo Bonomi, expresó que la Declaración Sociolaboral tiene que, por sobre todas las cosas, generar un piso de “garantías  mínimas” entre los países del bloque. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento, el uruguayo Juan Bentancor, señaló que con la realización de audiencias públicas en el ámbito del legislativo regional se está “avanzando sobre el déficit del Mercosur en el relacionamiento con la gente”, destacando que las audiencias públicas constituyen “un instituto muy valioso”. Tras los discursos, los aplausos. Y tras los aplausos, las sonrisas. Hacia la tarde, la audiencia llegaba a su fin. Pero la voluntad de revisar la Declaración Sociolaboral parecía encontrar un eco ensordecedor. En los pasillos. En la calle. Afuera. Y adentro.

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