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Comisión de Derechos Humanos del Parlamento advirtió que dificultades financieras ponen en riesgo realización del Informe Anual

La elaboración del primer Informe Regional sobre la situación de los derechos humanos en la región, la consideración de algunas modificaciones al Reglamento Interno del Parlamento del Mercosur y el estado de situación de la denuncia formulada tiempo atrás por el Movimiento Campesino Paraguayo en relación a acciones de persecución y tortura perpetradas en Paraguay fueron los tres principales temas que se manejaron en la última reunión de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, celebrada el pasado 19 de mayo en Montevideo. En la oportunidad, los miembros de la Comisión advirtieron que su trabajo corre riesgo dado que no se dispone de los recursos humanos y materiales necesarios. La sesión contó con la presencia de las parlamentarias Adriana Peña, en su calidad de presidenta de la Comisión, Ada Fátima Solalinde, en su calidad de vicepresidenta, así como de los parlamentarios Juan Manuel Irrazabal, Geraldo Thadeu y Rafael Michelini.

En cuanto a las modificaciones del Reglamento Interno, todas las miradas de los integrantes de la Comisión apuntan a reformar los mecanismos para la presentación de denuncias de violación a los derechos humanos por parte de particulares así como organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, según informó el Observatorio de Políticas Públicas del Mercosur, se definió que la Comisión intervendrá una vez agotada la vía interna en los respectivos parlamentos nacionales. La competencia sería fijada además por un criterio de territorialidad y de nacionalidad: se considerarán únicamente casos de violación de los derechos fundamentales en territorio de los estados miembros del bloque o de nacionales de los estados parte en cualquier territorio. Según el Protocolo Constitutivo del legislativo regional, la Comisión tienen entre sus competencias la de “elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Partes, teniendo en cuenta los principios y las normas del Mercosur”.

En relación a la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos, se discutió el cronograma de trabajo para su concreción y se destacó la necesidad de contar con recursos humanos y materiales para su realización antes de que finalice el año. El primer informe debería haberse presentado en diciembre del pasado año, pero las dificultades para la instalación del Parlamento dilataron los tiempos. En este sentido, se convocó a Edgar Lugo, secretario parlamentario y a Luis Berrutti, secretario administrativo del legislativo, quienes trasmitieron la difícil situación financiera por la que atraviesa el legislativo regional. Este panorma se da como resultado de que aún ninguno de los Estados miembros, a excepción de Brasil, depositó la cuota correspondiente para este ejercicio. Frente a esta situación, que imposibilitaría el cumplimiento de las competencias que el Protocolo Constitutivo asigna al Parlamento, se decidió solicitar una reunión a la Mesa Directiva, algo que podría ocurrir a mediados del mes de junio.

Asimismo, se informó que la Comisión continúa trabajando en la conformación de una Comisión Investigadora para analizar la denuncia formulada tiempo atrás por el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). En una carta presentada el pasado 3 de agosto al grupo parlamentario, el MCP denunció dos casos emblemáticos: el de Benito Gavilán, quien fue víctima de un intento de homicidio por parte de dos agentes de la Policía Nacional en 2005, y el de Antonio Almada, quien según se informó fue torturado y ejecutado en mayo de 2007. La última resolución del Parlamento referida a este tema estableció que la Investigadora se integraría por dos legisladores de cada Estado. Ahora, cada uno de los países deberá realizar sus consultas y posteriormente elevar una lista de integrantes a la Mesa Directiva. Luego de constituido, el grupo de trabajo tendrá un plazo de 90 días para confeccionar un informe definitivo al respecto. La próxima reunión de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos se realizará a fines de junio en la provincia argentina de Tucumán, donde tendrá lugar la Cumbre de Presidentes.

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