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Parlamento del Mercosur cuestionó a Estados Unidos por incrementar presencia militar en la región: “Es inoportuna e innecesaria”

Acallado el último aplauso de recibimiento a los primeros legisladores paraguayos electos por el voto popular, echó a correr en el Edificio Mercosur de Montevideo la XI Sesión Plenaria del Parlamento del Mercosur que, como es habitual, se extendió durante dos días, del lunes 28 al martes 29 de julio. Pero entre juramentos, aplausos y abrazos, una decisión destacó del resto. Se trata de una declaración en donde el deliberativo expresa la convicción de que la reactivación de la IV Flota de la Marina de Guerra de los Estados Unidos para América del Sur “es enteramente inoportuna e innecesaria”. En el documento aprobado, el legislativo entiende que “el imprescindible combate al narcotráfico puede y debe ser hecho dentro de los parámetros ya establecidos en innumerables acuerdos bilaterales y multilaterales, en un ambiente de cooperación diplomática pacífica y en estricta observancia a la soberanía de todos los países”. Ocurre que uno de los fundamentos esgrimidos por la potencia del norte para la restauración de la flota es precisamente el combate al narcotráfico.

En el texto, el legislativo también brinda su respaldo a “las iniciativas destinadas a articular adecuadamente la seguridad en la región”, como las desarrolladas por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Rio, y el propio Mercosur. La propuesta de declaración fue presentada al plenario por el parlamentario brasileño Aloizio Mercadante, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). Por su parte, Inácio Arruda, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), defendió el ingreso del asunto en la sesión legislativa alegando que el Parlamento del Mercosur se constituye como “un gran negociador en la región”. En su alegato, el parlamentario norteño se robó todas las miradas. Fue al cuestionar la utilización de un portaaviones para realizar una misión humanitaria. “Considero bastante sospechosa la presencia de la IV Flota en una misión humanitaria en América del Sur”, señaló desconfiado. Casi sin querer, el análisis del tema conectó con otros de los desarrollados en la sesión. Es el caso de la declaración que recomienda al Consejo del Mercado Común (CMC) diseñar una política común sobre el uso de los recursos del Acuífero Guaraní.

La decisión estuvo acompañada por la creación de una Comisión Especial para estudiar, analizar y comparar las legislaciones nacionales referentes al uso, la exploración, la concesión y al control de las aguas superficiales y subterráneas del Acuífero Guaraní. Las conclusiones de esa comisión serán remitidas a los gobiernos para la modificación de las normativas vigentes al respecto. Pero mientras tanto, el Parlamento del Mercosur recomendó a los legislativos nacionales la creación de comisiones específicas para la promoción de debates con la sociedad civil donde, con el apoyo del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), se incentive el sentimiento de que el Acuífero Guaraní es “propiedad” de la región. Si algún término resaltó en el texto de la declaración, ese es “propiedad”. Y es que no son pocos los que creen que el motivo verdadero del restablecimiento de la IV Flota se encuentra en el interés de los Estados Unidos por los recursos naturales del sur del continente, entre los cuales destaca no sólo el Acuífero, sino también la Amazonia, motivo de otros debates y otras declaraciones en el seno del deliberativo regional.

Por si algún ingrediente le faltara al Parlamento para posicionarse como escenario de las discusiones más trascendentales de la región, la propuesta presentada por la novel bancada de parlamentarios paraguayos para que el legislativo “apoye la libre circulación y disponibilidad de los recursos hidroeléctricos de los Estados Partes en las condiciones que mejor convengan a los mismos para su pleno desarrollo” resultó ineludiblemente polémica. El texto presentado por la delegación guaraní, que hace referencia e las reivindicaciones “del pueblo paraguayo para avanzar en la revisión y libre circulación de la energía producida por Itaipu Binacional” y reclama que el deliberativo luche por la “adecuación de los tratados subscriptos entre los Estados Partes, con el fin de hacer posible la libre contratación de energía eléctrica dentro del Mercosur, sin discriminación de naturaleza alguna”, fue finalmente enviado a estudio de las comisiones correspondientes. El parlamentario brasileño Mercadante consideró “precipitada” la presentación de la propuesta, y reivindicó las conversaciones que en los próximos meses mantendrán brasileños y paraguayos.

“Tendremos una audiencia pública con autoridades brasileñas y paraguayas para discutir ese tema que necesita ser muy bien estudiado antes de cualquier decisión”, dijo. Se refería a las gestiones que, a pedido del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva iniciará su asesor especial, Marco Aurélio García, y que comenzarán apenas asuma el gobierno electo de Fernando Lugo. Lo curioso es que fue precisamente a pedido de este último que la bancada paraguaya lanzó sobre la mesa el tema de Itaipú. En una reunión que se llevó a cabo en la sede de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), la fuerza política que lo llevó al gobierno, el futuro mandatario urgió a los parlamentarios de su país acerca de la necesidad de impulsar en el legislativo regional la renegociación de los tratados firmados con Argentina y Brasil para las represas de Itaipú y Yacyretá. “Los temas principales son priorizar la renegociación de los tratados de Itaipú y Yacyretá, realizar un seguimiento a las trabas comerciales y exigir que se cumplan los tratados y acuerdos de libre tránsito de bienes y personas”, había dicho el legislador paraguayo del Partido Colorado, Alfonso González Núñez, tras la reunión.

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