Somos Mercosur

Para organizaciones de la sociedad civil, orientación del Informe Regional de Derechos Humanos carece de una mirada regional

Tras la realización en Montevideo de la última de las audiencias públicas de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, las críticas a la orientación del primer Informe Regional de Derechos Humanos se hicieron sentir de boca de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil presentes en el encuentro. Ocurre que, en esos colectivos, existe unanimidad en torno a un parecer: la elaboración del Informe se está realizando bajo una óptica que poco tiene que ver con una concepción regional de la situación actual de los derechos humanos en el Mercosur. La discusión en las audiencias públicas de temas exclusivamente nacionales, la inexistencia de una mirada regional y la falta del establecimiento de puentes de diálogo con organizaciones con una larga trayectoria en estos asuntos parecen ser los tres ejes de diferencias entre los movimientos y activistas sociales y las autoridades de la Comisión. De hecho, en la última audiencia, realizada en el Edificio Mercosur de Montevideo, para tratar el caso de Uruguay, varios fueron los pedidos para que de ahora en más los informes se enfoquen a un desarrollo regional de los asuntos en cuestión.
Estas críticas se suman a otras, que datan de más tiempo. Y que refieren, especialmente, al incumplimiento del artículo 4.3 del Reglamento Interno del legislativo regional, que establece la obligación de elaborar y publicar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados parte. “Van dos años de Parlamento y se siguen dando largas para la elaboración del informe, es imposible seguir esperando. Acá hay un incumplimiento flagrante de toda la normativa del Parlamento”, sostienen en algunas organizaciones de derechos humanos del Mercosur, que prefirieron ausentarse en la última audiencia pública por sus discrepancias con la orientación que le ha dado al trabajo y a los tiempos de la Comisión su presidenta, la parlamentaria uruguaya Adriana Peña. En los hechos, la mismísima Peña reconoció al Boletín SOMOS MERCOSUR la imposibilidad de cumplir con los tiempos previstos en la normativa. La razón: la información acumulada durante el ciclo de audiencias públicas es “mucha” y “es imposible” que pueda ser procesada en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que la última audiencia se realizó recién el día 26 de noviembre.
Algunas organizaciones ensayan algún tipo de explicación al retraso. Lilián Celiberti, por ejemplo, de la Articulación Feminista Marcosur, opina que “el hecho de que el parlamento recién haya empezado a funcionar este año oficialmente puede ser una de las razones que expliquen la demora”. “Lo que nos dicen que sucede es que no hay estructuras como para hacer los informes”, agrega, para luego coincidir con un diagnóstico que a esta altura de los hechos no lo niegan ni siquiera las autoridades del Parlamento: “Está todo muy lento”. No obstante, consultada por este medio, la propia Peña desmiente dificultades logísticas para realizar el Informe. “El Parlamento ha apoyado en todo a la Comisión”, por lo cual la cuestión financiera “no es obstáculo” para la redacción del informe. El desconcierto entre varios de los especialistas que siguen de cerca la gestión del legislativo es mayúscula. La mayoría cree que, en realidad, detrás de las demoras existe una voluntad real de boicotear el trabajo del Parlamento del Mercosur. “Demoran algunas cosas, provocan debates para debilitar al legislativo, le buscan la vuelta al tema Venezuela, hacen todo lo posible para matar al Mercosur político”, opinan.
Más medidos, desde el Observatorio de Políticas Públicas del Mercosur -una institución de larga data y trayectoria en el campo de los derechos humanos- insisten con la necesidad de contar con un informe “lo antes posible”, según afirmó su directora, Margarita Navarrete, en conversación con el Boletín SOMOS MERCOSUR. El Observatorio, que en la última audiencia centró su presentación en la importancia de los cambios que se están procesando a nivel de Uruguay y la necesidad de acortar las distancias entre la legislación y la práctica, habló también del informe y planteó la necesidad de que, en esencia, sea “verdaderamente regional”. Para ello, el Observatorio planteó la importancia de que las audiencias toquen temas regionales. “Nosotros planteamos que el informe es necesario pensarlo en un desarrollo regional de los temas que no deberían competir con los órganos de supervisión”, opinó Navarrete. En la misma línea, Celiberti opinó que “El informe debe ser regional, y las audiencias deben ser regionales, (porque) lo interesante es ver los aspectos comparativos”. “Porque, al final, lo que podría aportar es un informe regional, con otra mirada”, agregó.
Boletín SOMOS MERCOSUR