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Cumbre de los Pueblos del Sur rechazó TLC con Israel y pidió la “urgente renegociación de los Tratados de Itaipu y Yacyreta”

Con el lema “Todos los Pueblos, Toda la Esperanza”, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar en la Facultad de Humanidades de Montevideo, la Cumbre de los Pueblos del Sur. La actividad convocó a unos 800 participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y culminó con un acto organizado conjuntamente entre la Alianza Social Continental (ASC) y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). El rechazo a los acuerdos de libre comercio, la necesidad de una “urgente renegociación de los Tratados de Itaipu y Yacyreta” y la defensa de los derechos de trabajadores y migrantes son tan sólo los rasgos más destacados del documento final del encuentro, llamado “Declaración de Montevideo”.

En momentos en que desde varios sectores se ha cuestionado la viabilidad del proceso de integración, la Cumbre de los Pueblos ratificó en su documento final su “convicción” y “apuesta política” en la integración regional como medio para “profundizar la democracia y cambiar el modelo de desarrollo para la plena vigencia de los derechos humanos”. Asimismo, critica duramente a las “élites tradicionales” por obstaculizar “los procesos de transformación de la realidad social, económica, política y cultural que están siendo impulsados en la región”. En esa línea, la Cumbre respaldó al gobierno boliviano y al pueblo de ese país frente a lo que llamó “intentos de desestabilización de la democracia”.  

En cuanto a las políticas de inserción comercial de la región en el mundo, la Declaración de Montevideo ratificó su postura contraria a los acuerdos de libre comercio. Justo en momentos en que el MERCOSUR firmaba su primer Tratado de Libre Comercio con Israel, el documento de la Cumbre de los Pueblos manifestaba su rechazo “vehemente” a la firma de dicho acuerdo, del que se dijo fue “negociado a espaldas de la ciudadanía”. Asimismo, se subraya que la suscripción de este acuerdo “significa la claudicación del bloque frente a las presiones internacionales de liberalización”. “Este acuerdo viene a consolidar un camino de resguardo de los intereses de los capitales internacionales frente a los cuales el MERCOSUR representó un freno con la derrota impuesta al ALCA”, agrega.

Frente a la firma de tratados bilaterales de comercio o de protección de inversiones, la declaración expresa que los mismos ”irán en el sentido de agravar el modelo de desarrollo que las políticas neoliberales han venido implementando en la región”. Según el documento, ese modelo de desarrollo tiene como elementos sobresalientes la promoción de la degradación ambiental, la profundización de la exclusión social al interior de los países y la expansión de los monocultivos, que “está provocando la destrucción masiva de la naturaleza”. “El auge de los agrocombustibles que ahora se fomenta para sostener el patrón de consumo de los países industrializados, profundizará las consecuencias devastadoras en el medio ambiente, provocando cambios climáticos y riesgos de catástrofes naturales”, expresa el documento.

En referencia al proceso de integración energética, la Declaración de Montevideo sostiene que “debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región”. “Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable”, reza el documento, que además brega por “políticas de redistribución de la riqueza” y “la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía, donde la prioridad sea garantizar el acceso digno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos”.

En la misma línea, la declaración expresa la necesidad de una “urgente renegociación de los Tratados de Itaipu y Yacyreta” así como de una “auditoria de la ilegitima deuda paraguaya, producto de los injustos términos de los tratados firmados por los gobiernos dictatoriales del Paraguay, Brasil y Argentina”. En el capítulo concerniente a los derechos humanos, repudia “la promulgación de leyes denominadas antiterroristas destinadas a criminalizar la lucha social”, reafirma “la necesidad de la inmediata retirada de la Misión Militar de Naciones Unidas (MINUSTAH) de Haití” y expresa “el apoyo y solidaridad a la campaña popular por la nulidad de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, desarrollada por los movimientos sociales en Uruguay”.

En sintonía con la declaración emanada de la IV Cumbre Sindical del MERCOSUR, el documento sostiene que “los procesos de integración deben asegurar la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, la recuperación y ampliación de los derechos laborales al tiempo que deben garantizar el derecho de las personas a no migrar como también todos los derechos de los y las migrantes”. En cuanto a este último ítem, manifiesta su rechazo a “todas las formas de discriminación, basadas en el género, las razas y etnias, la orientación sexual, las creencias o religiones, las ideologías, el origen, o cualquier otra distinción que menoscabe los derechos de las personas y limite el ejercicio de la ciudadanía”.

Con algunos matices, dos de las más recientes conquistas del proceso de integración regional fueron destacadas en la Declaración de Montevideo: se trata de la lucha contra las asimetrías y la puesta en marcha del Banco del Sur. En cuanto a la primera, el texto remarca que “el combate a las asimetrías no puede agotarse en medidas compensatorias y desarticuladas, sino que debe contribuir a resolver los problemas estructurales que impiden la autonomía y el bienestar de nuestros pueblos”. En referencia al Banco del Sur, la declaración sostiene que “abre una oportunidad de cambio en la lógica económica actual”, aunque agrega que “para incidir sobre estos cambios de rumbos” es necesario que desde los gobiernos “se garantice el acceso público a la información y la participación social en las decisiones del Banco”.

En el mismo sentido de lo expresado en la unanimidad de las actividades correspondientes a la Cumbre Social del MERCOSUR, el documento finaliza con un exhorto a los gobernantes del bloque “a garantizar la transparencia y el acceso a las informaciones substanciales en las negociaciones del MERCOSUR” y “fortalecer los espacios de diálogo e interacción entre pueblos y gobiernos, estimulando los mecanismos de democracia participativa y control social”. Por último, recalca que “el fortalecimiento de los procesos de integración en la región debe profundizarse” y en este sentido expresa su apoyo a la plena inclusión de Bolivia, Ecuador y Venezuela al bloque.

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