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Viaje de parlamentarias a Venezuela por inhabilitación de candidatos motiva primera nota aclaratoria del Parlamento del Mercosur

La polémica está abierta. Y sus orígenes se remontan a la presentación de un proyecto de declaración por parte del legislador uruguayo, Gustavo Penadés, en el que se manifestaba “preocupación” por parte del Parlamento del Mercosur ante las recientes inhabilitaciones de candidatos hacia las elecciones municipales que en noviembre tendrían lugar en Venezuela. La necesidad de que se genere “un clima propicio para la realización de elecciones libres y transparentes” y la posibilidad de que “los inhabilitados de hoy puedan ser los futuros alcaldes y gobernadores democráticos de muchas regiones del país, tal como se refleja en las encuestas” fueron dos de los principales argumentos esgrimidos por Penadés ante la XI Sesión Plenaria, en donde resaltó además que “más del 90% de los inhabilitados son miembros de partidos de la oposición” al gobierno del presidente Hugo Chávez. “Uno de los principios esenciales del Mercosur es la salvaguardia de las instituciones democráticas”, recordó Penadés, quien alegó que el bloque “debe defender la democracia”.

Otro parlamentario uruguayo del opositor Partido Nacional, Gustavo Borsari, consideró que este tipo de prácticas “no deben ser de recibo por parte de los parlamentarios del Mercosur representantes de Venezuela aquí presentes” y que dichos representantes “no deben concebir que existan nada más ni nada menos que cuatrocientas inhabilitaciones para las próximas elecciones de noviembre, de las cuales un 87% son de la oposición”. La respuesta la obtuvo del parlamentario venezolano Saúl Ortega, que aclaró que las propias normas legales de su país autorizan al Tribunal Supremo de Justicia a inhabilitar a aquellos candidatos que violaron la ley por cometer delitos de corrupción. “El contralor es ejercido por un poder autónomo”, destacó Ortega, que consideró que es “falsa” la información que refiere al hecho de que 9 de cada 10 inhabilitados son opositores. Según los datos expuestos por el legislador, un 54% de las inhabilitaciones corresponden a representantes del partido oficialista. Ortega pidió a sus colegas uruguayos “no caer ingenuamente en una campaña mediática contra Venezuela”.

El tema pasó a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento. Y la polémica resurgió cuando su presidenta, la uruguaya Adriana Peña, también del opositor Partido Nacional, decidió viajar a Caracas, acompañada por la paraguaya Mirtha Palacios, para interiorizarse en el tema. En declaraciones brindadas a la prensa venezolana, Peña afirmó que su cometido era “escuchar a todas las partes”, incluidos gobierno y oposición. La representante uruguaya señaló que acudió a Venezuela “como parlamentaria, no como representante de la Comisión”, y dijo sentir que “todos los entrevistados tienen un gran necesidad de que a nivel internacional se escuche su reclamo”. La legisladora anunció que todo el material recabado se va a ser volcado a la Comisión para que en su próxima reunión, durante los días 17, 18 y 19 de agosto, sea analizada por el plenario. Antes de partir rumbo a Bolivia, donde se desempeñó como observadora del referéndum revocatorio convocado por el gobierno de Evo Morales, Peña adelantó que el informe “no va a ser positivo” porque “lo que hemos podido apreciar es muy negativo”.

Pero la visita de la parlamentaria uruguaya dejó algo más que un informe “no positivo”. Y es que tras acusar al gobierno venezolano de “no querer brindar su información” y al ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, de haber “hablado demasiado” sobre su visita a Venezuela, afirmó que si Caracas no quiere “complicar” su ingreso al Mercosur debe cumplir “la reglamentación establecida para evitar que se cometan excesos contra los ciudadanos”. Sus palabras sonaron amenazantes. Y sólo encontraron eco en el líder de la oposición, Leopoldo López, que actualmente se desempeña como alcalde de Chacao, el municipio más rico de Venezuela. López, que aspira a conquistar la Alcaldía Mayor de Caracas en las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre próximo, se reunió con Peña y Palacios en un hotel céntrico de la capital, tras lo cual anunció que en breve visitará Montevideo para exponer ante el Parlamento del Mercosur acerca de la situación de la oposición en relación a las inhabilitaciones de candidatos. El dirigente opositor busca “internacionalizar” su caso y llevarlo a cualquier instancia en el exterior que pueda tener competencia en el asunto.

El pasado jueves, el Parlamento del Mercosur debió emitir una nota en donde aclara que “La Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur no ha recibido solicitación formal de ninguna de sus Comisiones Permanentes para la realización de reuniones en territorio de la República Bolivariana de Venezuela” y que por tanto “la realización de reuniones en ese país, en nombre del Parlamento, o de cualquier una de sus instancias, para tratar cualquier tema, no cuenta con la autorización ni la delegación de la Mesa Directiva de la institución de acuerdo a su Reglamento Interno”. Ocurre que el Articulo 43, Inciso H, deja constancia que “A la Mesa Directiva compete: autorizar la realización de reuniones de las comisiones en otros Estados Partes, Estados en proceso de adhesión o Asociados”. Consultado por la prensa, el presidente del legislativo regional, Florisvaldo Fier, dijo que “como ciudadanas”, Peña y Palacios “pueden viajar a donde quieran y presentarse como miembros del Parlamento del Mercosur, aunque sin hablar en su nombre”. Rosinha negó que el caso amerite sanciones, dado que “El código de ética del Parlamento aún no ha sido elaborado”.

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