Con esta propuesta, el Parlamento del Mercosur pretende defender a las comunidades que viven en las áreas más vulnerables al fenómeno de la desertificación, colocándolas como principales beneficiarios de los programas. Y es que asociada a los cambios climáticos y la acción del hombre, la desertificación viene generando una importante reducción de la disponibilidad de agua dulce y vegetación nativa, aumentando la temperatura media de la región. Este fenómeno, que agrava la situación de pobreza y desencadena flujos migratorios intensos en las poblaciones afectadas reflejándose luego en la atención de la demanda social e infraestructura de los centros urbanos, es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la última etapa de la degradación del suelo. De acuerdo con estimaciones de la Convención de las Naciones Unidas para el Combate a la Desertificación, América del Sur tiene un 28% de su territorio afectado por este fenómeno y puede perder cerca de un quinto de las tierras productivas de aquí a 2025. El fenómeno se agudiza en las zonas más pobres, donde la presión sobre el recurso es más alta porque no se puede innovar en las técnicas de trabajo de la tierra.

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Y es que tras el fracaso acaecido en la pasada minicumbre interbloque, realizada en mayo pasado en la ciudad de Lima, muchos son escépticos respecto a la posibilidad de que las conversaciones lleguen a buen puerto. No obstante, hay quienes creen que es posible, hoy más que nunca, cerrar un acuerdo beneficioso para ambas partes (ver nota aparte). El combate a la desertificación, la armonización de las normas contra la trata de personas, la controversia sobre la comercialización de neumáticos recauchutados, las barreras interpuestas por el viejo continente a la compra de carne bovina brasileña y hasta la liberación de la ex rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ingrid Betancourt, también estarán en la agenda. Asimismo, está previsto que los debates sobre las inhabilitaciones de candidatos para las próximas elecciones municipales en Venezuela centren la polgomica de esta reunión. Ocurre que tras el polémico viaje de la diputada uruguaya opositora Adriana Peña a Caracas se espera que el resto de las bancadas realice algún tipo de pronunciamiento.

Es el caso de la mismísima bancada venezolana, cuyos integrantes adelantaron al Boletín SOMOS MERCOSUR que el tema “no podrá quedar por fuera de la agenda”. La situación encuentra distintos a los legisladores regionales blancos. Ellos, que en la última sesión presentaron una moción de censura al gobierno del país caribeño, consideran que “acá no se agotó nada”, sino que más aún “esto recién empieza”. En una actitud bastante menos confrontativa, y a modo de homenaje, en este nuevo encuentro del Parlamento del Mercosur también habrá tiempo para hacer entrega del premio por el diseño del logo y mensaje institucional del legislativo regional al argentino Carlos Eduardo Varau. Finalizado el alto en la rutina oficial del deliberativo, los debates volverán a sus puestos. Es el caso de una declaración presentada rumbo a esta sesión del legislativo en donde se congratula al Ejéricito colombiano por haber realizado el operativo  “sin derramar ni una gota de sangre”. En algunos sectores de la izquierda regional se habla de introducir modificaciones a la redacción original.

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El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, insistió este sábado en la necesidad de que los órganos legislativos de Brasil y Paraguay aprueben la adhesión plena de su país al Mercosur. En un acto público realizado en la localidad de San Pedro, con motivo de la asunción del nuevo presidente paraguayo, Fernando Lugo, el mandatario se refirió a la aprobación del ingreso de su país como un “paso jurídico internacional” y recalcó que, de hecho, Venezuela ya es parte del bloque regional sudamericano. “Estamos a la espera de que el Congreso paraguayo apruebe, ojalá algún día, pronto, el ingreso de Venezuela al Mercosur, como también está pendiente de aprobarlo el Congreso de Brasil”, afirmó Chávez, 318 kilómetros al norte de Asunción. Por su parte, el nuevo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Saúl Ortega, anunció la conformación de una comisión parlamentaria integrada por diez senadores y tres diputados que el próximo 29 de agosto iniciará una visita de seis días a Venezuela, en el marco del proceso de adhesión de este país al Mercosur.

El país caribeño firmó en julio de 2006 el protocolo de adhesión al Mercosur, pero para que entre en vigencia aún debe ser aprobado por los parlamentos de los cuatro socios fundadores del bloque, algo que ya hicieron los legislativos de Argentina y Uruguay. “Mientras tanto no nos vamos a frenar por eso; de hecho ya estamos en el Mercosur, pero falta ese paso jurídico internacional, que es fundamental”, apuntó el mandatario venezolano, quien además opinó que “el más perjudicado de todo el Mercosur por el no ingreso de Venezuela todavía como miembro es precisamente Paraguay”, ya que su país tiene la intención de “incrementar las compras a Paraguay, eliminando aranceles y medidas de restricción”. Tras realizar estas declaraciones a la prensa, Chávez acompañó al nuevo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a la firma de varios convenios de cooperación. Y es que el cambio en la presidencia guaraní parece reforzar el proceso de integración que desde hace ya más de una década vienen impulsando los países del continente latinoamericano.

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“¡Sí, juro!” El grito sonó fuerte, enérgico y a la vez emocionado. Así, el ex obispo Fernando Lugo asumió un compromiso histórico. Cerró una etapa de 61 años bajo el dominio absoluto del Partido Colorado en Paraguay y se convirtió en el presidente que encarnará el cambio en un país empobrecido y famoso por sus niveles récord de corrupción. Ante una multitud que lo escuchaba bajo el sol en la Plaza Independencia, frente al Congreso, prácticamente a orillas del río Paraguay, Lugo delineó los ejes en los que pondrá el foco en los cinco años de su presidencia. En un discurso que se extendió por espacio de más de media hora, el nuevo mandatario mechó pasajes en idioma guaraní, habló de austeridad, propugnó por desarrollar una economía sustentable con equidad social, insistió en terminar con la pobreza y la exclusión de los pueblos indígenas y recuperar el manejo de los inmensos recursos naturales de este territorio en el que viven algo más de seis millones de personas.

“Hoy termina un Paraguay exclusivo, secretista, con fama de corrupción. Hoy se inicia la historia de un Paraguay cuyas autoridades y pobladores serán implacables con los ladrones de su pueblo, con acciones que nublen la transparencia y con aquellos pocos dueños feudales de un raro país del ayer enclavado en el presente”, prometió, tras recibir la banda presidencial que poco antes había dejado Nicanor Duarte Frutos. En realidad, no fue la misma. La que estrenó Lugo fue bordada a mano por un grupo de monjas ecuatorianas que trabajaron con él cuando era sacerdote en ese país, a fines de los años 70. Con 57 años y al frente de la Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición de una decena de partidos y más de 20 organizaciones sociales que van de la izquierda hasta el centroderecha, el nuevo presidente aseguró además que dará respaldo a los empresarios, que priorizará las inversiones, la tecnología de punta y el pensamiento estratégico. Y que trabajará para que los miles de paraguayos que emigraron en busca de mejores oportunidades puedan volver.

“Es tiempo de mirar hacia delante y trabajar denodadamente la ingeniería colectiva del futuro del Paraguay. No será tarea fácil. El sendero estará empedrado de obstáculos que permanentemente pretenderán cegarnos con los espejismos del reciente pasado dictatorial”, admitió. Pero inmediatamente mostró firmeza: “El cambio no es una cuestión electoral. Es una apuesta cultural, quizás la más importante en su historia”. Rodeado por casi una decena de mandatarios invitados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, la chilena Michelle Bachelet, el uruguayo Tabaré Vázquez, el boliviano Evo Morales, el venezolano Hugo Chávez, el brasileño Lula da Silva y el ecuatoriano Rafael Correa, el ex obispo lanzó un fuerte mensaje de unidad regional y agradeció el apoyo de los gobiernos vecinos. Pero a la vez mencionó uno de los temas que seguramente encabezarán la agenda de los primeros días de gobierno: el de la negociación por las represas de Itaipú y Yaciretá.

Fiel a su estilo informal, tal como había adelantado, con una camisa blanca de cuello mao con detalles bordados, sin saco ni corbata, el nuevo presidente recordó a los miles de paraguayos que debieron emigrar en busca de oportunidades laborales. Y afirmó: “Soñamos con un Paraguay socialmente justo. Donde nunca más exista tanta inequidad que convierte a los unos en adversarios de los otros”. Dos semanas después de que el Vaticano le aceptara la renuncia que presentó a fines de 2006 para dedicarse a la política, el presidente se definió como un “laico eternamente agradecido con la Iglesia” y recordó que cuando eligió el camino del sacerdocio optó “por aquellos que la historia había arrojado en los marginales escenarios de la exclusión y la miseria”. A la vez envió un mensaje tranquilizador a los empresarios cuando dijo: “Tendrán nuestro más pleno respaldo”. La austeridad, aseguró, será “un signo de este tiempo nuevo”. En esa línea, en un acto el jueves a la noche había anunciado que renunciará a su salario como presidente de la República.

Mientras miles de personas -llegadas de distintas partes del país- agitaban banderas paraguayas frente al palco montado al aire libre, Lugo recordó a las plumas paraguayas “que cantaron al mundo nuestra historia de dignidad secuestrada” y nombró a Elvio Romero y a Augusto Roa Bastos. También homenajeó al ex presidente chileno Salvador Allende y emocionado recordó aquello de “mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Para después asegurar que “¡Esas grandes alamedas están hoy abiertas!”. Cuando la temperatura y la humedad subían en Asunción, Lugo -ya como presidente- caminó las dos cuadras que lo separaban de la Catedral. En ese lugar participó del tradicional Tedéum. Después se subió a un jeep abierto y recorrió las calles de Asunción que vivían una fiesta. Su destino fue la residencia presidencial que, por primera vez en 61 años, no tendrá un ocupante del Partido Colorado.

En base a agencias

A diez años de la primera Declaración Sociolaboral del Mercosur, las organizaciones sindicales del bloque ya se encuentran afinando la estrategia, y sacándole punta al lápiz. De hecho, ya tienen fijada una actividad para los próximos días 6, 7 y 8 de octubre en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde comenzarán a definir un borrador de posibles modificaciones. Luego vendrán otras reuniones, como la que ya está agendada con el Parlamento del Mercosur. Allí, los trabajadores verán “hasta dónde pueden acompañar los parlamentarios”, según dijo al Boletín SOMOS MERCOSUR el Secretario Técnico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), Fernando Berasain. Desde los sindicatos, existe confianza en que los cambios podrán introducirse en un plazo de tiempo razonable. “Los gobiernos progresistas firmaron acuerdos de mayor contenido que lo que le estaremos planteando al Mercosur”, justificó Berasain. Los ejemplos abundan: libre circulación de bienes y servicios, revalidación de títulos universitarios, políticas articuladas en materia social.

Las principales modificaciones que los trabajadores piensan introducir a la Declaración Sociolaboral pasan principalmente por brindarle un mayor estatus al documento suscrito en 1998, actualizar los contenidos de acuerdo a los cambios que ha sufrido la región, crear una Comisión que realice un seguimiento de los cambios y hasta la adjudicación de un determinado presupuesto para, por ejemplo, crear mecanismos de denuncia en el caso de violación de alguno de los puntos acordados. Los trabajadores reconocen que todas estas cosas demandan un tiempo prolongado de análisis, acuerdos y puesta en marcha. “No es fácil, pero es posible”, repiten al unísono desde todos los sindicatos integrantes de la Coordinadora. Y es que más allá de que existe confianza en que no habrá mayores inconvenientes a la hora de poner en marcha un nuevo estatuto, todos reconocen que éste es un “proceso largo”. Berasain, no obstante, le ve una ventaja a este último punto: “Cuanto mayor consenso se logre, mayor respeto a los acuerdos logrados”, asegura.

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En la exposición de temas y eventos para el semestre, habitual en las reuniones especializadas del Mercosur, el presidente pro témpore de la RECM, Paulo Roberto da Silva, hizo hincapié en los acuerdos para la formación en el área de las cooperativas. Y es que según informó el secretario técnico, Daniel Bentancur, al Boletín SOMOS MERCOSUR, la firma de un Convenio Marco de Cooperación con el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) pone a las cooperativas del bloque a la vanguardia de la formación en gestión de procesos de economía social y solidaria. Se trata de un área en la que las cooperativas han venido realizando incesantes esfuerzos para darle una dinámica y óptica regional. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) en alianza con otras instituciones como la Fundación Avina, la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI) y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Como rasgo diferenciador de esta nueva reunión de las cooperativas de la región, una mención destacó del resto. Es que en el informe presentado por Brasil, en su calidad de presidencia pro témpore, la mención al género no fue menor. “La participación de las mujeres en el sector cooperativo es muy baja”, recoge el documento elevado por la Secretaría Técnica. La referencia tiene su razón de ser: desde 2005 se viene desarrollando el Programa Coopergénero, que busca estimular la participación de las mujeres. Pero sucede que los esfuerzos no alcanzan sin una activa defensa de los espacios que muchas veces terminan acaparando los hombres hasta por cuestiones culturales. Por ello, la nueva presidencia semestral se propone ir hasta el fondo del asunto: convocó a un seminario que tendrá lugar en noviembre próximo, apoyado por la Secretaría de la Mujer de Brasil y la ACI, y a partir de ello comenzará a analizar propuestas prácticas para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en el sector, según pudo saber el Boletín SOMOS MERCOSUR.

Por otra parte, los cooperativistas ya se encuentran preparando el terreno para lo que será la puesta en marcha de importantes proyectos para las zonas de fronteras de la región, tras el acuerdo alcanzado en la Reunión de Ministros de Desarrollo Social del Mercosur para la puesta en marcha de una serie de iniciativas a ser financiadas por el Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM). Y es que la RECM ha venido involucrándose desde hace varios años en la búsqueda de soluciones a los problemas que viven las zonas fronterizas. Cuando ni siquiera estaba terminado el anteproyecto de Estatuto de Cooperativas, la RECM ya había emprendido acciones para comenzar a analizar el drama social de esa cara de la integración. Los tiempos cambiaron y ahora los cooperativistas se encuentran focalizados en otro eslabón de la cadena: la conjunción de las visiones económica y social en un mismo concepto de desarrollo. Quizá allí se resuma el eje en torno al cual giró esta XVIII Sesión Plenaria.

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En la exposición de temas y eventos para el semestre, habitual en las reuniones especializadas del Mercosur, el presidente pro témpore de la RECM, Paulo Roberto da Silva, hizo hincapié en los acuerdos para la formación en el área de las cooperativas. Y es que según informó el secretario técnico, Daniel Bentancur, al Boletín SOMOS MERCOSUR, la firma de un Convenio Marco de Cooperación con el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) pone a las cooperativas del bloque a la vanguardia de la formación en gestión de procesos de economía social y solidaria. Se trata de un área en la que las cooperativas han venido realizando incesantes esfuerzos para darle una dinámica y óptica regional. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) en alianza con otras instituciones como la Fundación Avina, la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI) y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Como rasgo diferenciador de esta nueva reunión de las cooperativas de la región, una mención destacó del resto. Es que en el informe presentado por Brasil, en su calidad de presidencia pro témpore, la mención al género no fue menor. “La participación de las mujeres en el sector cooperativo es muy baja”, recoge el documento elevado por la Secretaría Técnica. La referencia tiene su razón de ser: desde 2005 se viene desarrollando el Programa Coopergénero, que busca estimular la participación de las mujeres. Pero sucede que los esfuerzos no alcanzan sin una activa defensa de los espacios que muchas veces terminan acaparando los hombres hasta por cuestiones culturales. Por ello, la nueva presidencia semestral se propone ir hasta el fondo del asunto: convocó a un seminario que tendrá lugar en noviembre próximo, apoyado por la Secretaría de la Mujer de Brasil y la ACI, y a partir de ello comenzará a analizar propuestas prácticas para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en el sector, según pudo saber el Boletín SOMOS MERCOSUR.

Por otra parte, los cooperativistas ya se encuentran preparando el terreno para lo que será la puesta en marcha de importantes proyectos para las zonas de fronteras de la región, tras el acuerdo alcanzado en la Reunión de Ministros de Desarrollo Social del Mercosur para la puesta en marcha de una serie de iniciativas a ser financiadas por el Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM). Y es que la RECM ha venido involucrándose desde hace varios años en la búsqueda de soluciones a los problemas que viven las zonas fronterizas. Cuando ni siquiera estaba terminado el anteproyecto de Estatuto de Cooperativas, la RECM ya había emprendido acciones para comenzar a analizar el drama social de esa cara de la integración. Los tiempos cambiaron y ahora los cooperativistas se encuentran focalizados en otro eslabón de la cadena: la conjunción de las visiones económica y social en un mismo concepto de desarrollo. Quizá allí se resuma el eje en torno al cual giró esta XVIII Sesión Plenaria.

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Soares consideró que ese proyecto “será una prueba fuego donde vamos a mostrar cuál es el compromiso que asumimos con el país”. Según anunció Lugo, las políticas económicas y sociales del nuevo gobierno “deberán implicar una coordinación al más alto nivel”, así como la puesta en marcha de un “plan económico y social” que apuntará a “mejorar las condiciones de vida a través de la seguridad jurídica, el aumento de la competitividad y la generación de empleo sustentable”, así como la reducción de “la pobreza, la desigualdad y la corrupción para garantizar la estabilidad social”, según dijo el futuro ministro de Hacienda, Dionisio Borda, quien considera que Paraguay no necesita renovar su acuerdo con el FMI, que finaliza el mismo día en que asume Lugo, al explicar que su país cuenta actualmente con reservas internacionales suficientes como para capear cualquier crisis financiera que pudiera presentarse. No obstante, el futuro titular de Hacienda se mostró preocupado por la corrupción en el Estado.

Es que el nuevo gobierno tomará la posta de un país que en las últimas seis décadas ha sido gobernado por un partido monolítico identificado con la corrupción y el clientelismo como instrumentos para mantenerse en el poder. También ese apuesta a ser uno de los rasgos diferenciadores de la gestión de Lugo, que pone fin a más de 61 años de hegemonía del Partido Colorado. Lo decía la futura ministra de la Secretaría de la Función Pública, Lilian Soto, que precisó a la prensa que Paraguay, con más de seis millones de habitantes, tiene 215.000 funcionarios, de los cuales 42.000 ingresaron durante el mandato del presidente saliente, Nicanor Duarte (2003-2008). Los funcionarios “en su mayoría son colorados y están temerosos de perder privilegios y cargos. En muchas instituciones nunca hubo una mirada (auditoría) opositora”, aseveró Boccia, al advertir que si Lugo “quiere hacer bien las cosas deberá destapar muchos casos de corrupción”. Advirtió, sin embargo, que esa tarea podría ser “fuente de fricciones” con los colorados.

La lucha contra la corrupción fue una de las banderas de campaña de Lugo junto al combate de la pobreza y a la puesta en marcha de una verdadera reforma agraria en un país donde el 80 por ciento de las tierras explotadas están en manos del uno por ciento de la población. En recientes declaraciones a la prensa, Lugo reiteró que promoverá una reforma agraria “más consistente” e hizo hincapié en que lo hizo hasta ahora el partido el gobierno fue “un reparto de tierras sin asistencia técnica, ni crediticia, sin rumbo”, lo que a su juicio derivó en “asentamientos (campesinos) fracasados” y la migración del campo a la ciudad. “Cuando se habla de reforma agraria hay una especie de miedo de los grandes propietarios, de los que no fueron sujetos de reforma agraria y tienen grandes extensiones de tierra”, aseveró y aseguró que aquellos que la obtuvieron legalmente no tienen que temer “perturbaciones de su propiedad privada”. Tras los comicios del 20 de abril, grupos “sin tierra” amenazaron con medidas de fuerza si no hay una respuesta a sus demandas.

Uno de los temas más importantes que acaparan la atención del nuevo gobierno es el de la integración regional. En declaraciones al Boletín SOMOS MERCOSUR, el presidente electo puso el énfasis en la integración energética, “ineludible en cualquier conversación, no solo a nivel del Mercosur sino en América toda y en el planeta”. El futuro mandatario recordó la experiencia de lo que fue la Urupabol (Uruguay Paraguay y Bolivia), y es que parte de la nueva estrategia que impulsará el gobierno de Lugo pasa por aliarse con los países pequeños de la región “para obtener una región integrada dentro del Mercosur, que pueda beneficiar a los países con más equidad”. Respecto a la integración de Venezuela al Mercosur, el presidente electo del Paraguay, dijo que la suma del país caribeño es “una deuda, no sólo de paraguayos sino también brasileños”, países cuyos parlamentos aún no han dado su aprobación. Lugo agregó que el bloque debe crecer “con el aporte de todos” los países y puso como ejemplo a la Unasur. “Ese quizá sea el mejor ejemplo de la estrategia que desarrollará Paraguay”, destacó.

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Ocurre que la llamada “media luna”, que concentra el 44% del PBI del país y que desde hace ya un tiempo reclama su autonomía con respecto al occidente del altiplano, se ha manifestado claramente en contra de la realización del referéndum. Pero pese a la postura de estas cuatro regiones (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), Bolivia igualmente se enfrentará a esta alternativa legal. “Yo no tengo miedo al pueblo boliviano. Es mejor someterse al pueblo que al imperio”, había dicho Morales a sus colegas de la región, en la Cumbre de Jefes de Estado celebrada el mes pasado en Tucumán. Y es que para el oficialismo, esta instancia democrática y de participación libre representa una gran chance de frenar las aspiraciones divisionistas de grupos de poder económicos afectados por el proceso de cambio iniciado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). En los hechos, la fractura rompe los ojos. Y como ejemplo basta la última imagen de la campaña: el presidente Evo Morales, hablando desde el balcón del palacio Quemado, sede del gobierno, a los habitantes de La Paz y El Alto, donde se concentra su mayor base de apoyo social.

En rigor, el presidente debía haberle hablado al país desde Sucre, capital de Chuquisaca, en la sesión de honor del Congreso, y como parte del 183 aniversario de la independencia boliviana. Pero sus autoridades no le ofrecieron garantías. Es más: la prefecta Savina Cuéllar le pidió a su ex amigo, el presidente, que renuncie. “El radicalismo del Gobierno está llevando a la confrontación entre bolivianos y hace matar a los hermanos campesinos”, dijo. Sucre se ha convertido en territorio vedado para el presidente desde los disturbios de fines del 2007 con los que se cerró una reforma constitucional que debe ser ratificada en una consulta. Pero antes, los bolivianos tuvieron ayer otra decisión, de las más importantes: definir si Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y los prefectos (gobernadores) siguen en sus cargos. Para que Morales abandone su cargo se necesita el 55% de los votos. El oficialismo confía en que saldrá victorioso. El baño de masas en el centro de La Paz le proporcionó al presidente una cuota de alivio después de horas de tensión que obligaron a las autoridades a confirmar la realización de un referendo que se creía peligrar.

Apenas confirmada la presencia del bloque en el contralor del proceso democrático, el gobierno de Morales expresó “tranquilidad” y “satisfacción” ya que consideran que “se ha reforzado de manera importante la legitimidad del proceso democrático”. Por su parte, las autoridades mercosurianas designadas para las tareas de observación y vigilancia abogaron, antes de partir, por que el proceso se lleve adelante en un clima de tranquilidad. Florisvaldo Fier, presidente del Parlamento del Mercosur, reiteró el apoyo de ese organismo al referendo en Bolivia y abogó porque el proceso se celebre con la “paz deseada”. Por su parte, el presidente de la CRPM, Carlos “Chacho” Alvarez, expresó su voluntad de “colaborar” para que “las contradicciones y los conflictos de Bolivia se solucionen”. El envío de observadores del Mercosur fue solicitado por el mismísimo Morales durante la última cumbre del bloque, celebrada a principios del mes de julio pasado en la ciudad argentina de Tucumán. En total, fueron cientos los veedores internacionales acreditados ante la Corte Nacional Electoral.

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“Hicimos reuniones con representantes de Uruguay y Paraguay, que ya indicaron algunas ciudades en que podemos comenzar”, afirmó la coordinadora del proyecto en el Ministerio de Educación de Brasil, Roberta Oliveira, en declaraciones a la Agencia Brasil. “En los próximos meses haremos un diagnóstico sociolingüístico y conversaremos con los profesores para que ellos estén preparados para comenzar en febrero”, agregó la funcionaria. Según Oliveira, Venezuela, que ya firmó un acuerdo para adherirse al Mercosur como socio pleno, también manifestó interés en sumarse a la iniciativa. La funcionaria agregó que las negociaciones para extender el proyecto a Bolivia, país asociado al bloque regional, comenzarán en el segundo semestre de este año. Oliveira dijo esperar que con los otros países el programa tenga el mismo éxito que el alcanzado con Argentina en estos cuatro años de implementación.

Según Oliveira, al comienzo los alumnos brasileños enfrentaron más dificultades debido a que tenían menos contacto con el español, al contrario de los argentinos, que tenían más contacto con el portugués por asistir más a la televisión brasileña. “Pero hoy ellos comprenden muy bien el español, pese a que aún intentan hablar en portugués con sus profesores argentinos”, afirmó. Según la funcionaria, además de una integración lingüística, el proyecto ha permitido un importante intercambio cultural. Actualmente cerca de 850 alumnos brasileños de cinco municipios ubicados en la frontera con Argentina reciben clases de profesores procedentes de escuelas públicas argentinas. La mayoría de esos alumnos es de la ciudad brasileña de Sao Borja, que es fronteriza de la argentina Santo Tomé. Los otros municipios brasileños que participan del proyecto son Itaqui, Uruguaiana, Foz do Iguaçu y Dionísio Cerqueira.

En base a Agencia Brasil y EFE

Sin embargo, la denuncia no fue respaldada de forma explicita por el canciller David Choquehuanca, quien se limitó a sostener que hay “grupos antidemocráticos” que realizan acciones violentas “para sabotear e intentar evitar” la consulta que el domingo pasado respaldó el proceso de cambio iniciado por Evo Morales. El representante del Mercosur también dijo estar convencido de las cifras económicas de Bolivia “está bien” y que es necesario evitar que la conflictividad política perjudique esas posibilidades de desarrollo y reducir la pobreza que ahora presenta el país. Álvarez comandó la delegación de representantes del bloque regional que participaron, junto a otros 300 observadores internacionales, del control del referendo al que se sometieron el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos (gobernadores) del país, la mayoría opositores.

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No menos ajena a esta Reunión Especializada son los temas directamente vinculados al desarrollo social. Sin que nadie se los pidiera, los cooperativistas ya se encuentran preparando el terreno para lo que será la puesta en marcha de importantes proyectos para las zonas de fronteras de la región, luego del acuerdo alcanzado en la Reunión de Ministros de Desarrollo Social del Mercosur para la puesta en marcha de una serie de proyectos a ser financiados por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Y es que la RECM ha venido involucrándose desde hace varios años en la búsqueda de soluciones a los problemas que viven las zonas fronterizas. Cuando ni siquiera estaba terminado el anteproyecto de Estatuto de Cooperativas, la RECM ya había emprendido acciones para comenzar a analizar el drama social de esa cara de la integración. Los tiempos cambiaron, el proceso se fue cumpliendo en tiempo y forma, y ahora los cooperativistas se encuentran focalizados en otro eslabón de la cadena: la conjunción de las visiones económica y social en un mismo concepto de desarrollo.

La firma de un Convenio Marco de Cooperación con el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) es otro de los platos fuertes de esta XVIII Sesión Plenaria que se desarrolla en tierras brasileñas. Se trata de un proyecto de formación para cooperativistas que cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) en alianza con otras instituciones como la Fundación Avina, la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI) y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). El tema fue analizado el pasado jueves 7 de agosto tras la presentación de los informes de la Secretaría Técnica y la discusión del Plan de Actividades para el período 2008 – 2010, y antes de pasar a analizar otro de los acuerdos pioneros en capacitación para la integración. En este caso se trata del curso virtual Somos Mercosur, al cual se inscribieron más de un centenar de participantes provenientes de las cooperativas, tras un entendimiento entre la RECM y la cancillería argentina.

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Entre las organizaciones sociales gestoras de la actividad se encuentran la recientemente creada Red de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) del Mercosur y la más reciente Red de Investigadores LGTB del Mercosur. Con un margen de acción más reducido al ámbito local,  también participan de la organización del seminario el Colectivo Ovejas Negras,  la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual (FUDIS) y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Del ámbito académico, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Rosario y la Fundación Triángulo también aportarán insumos para el debate.  Por su parte, auspiciarán el evento el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia Municipal de Montevideo, el Instituto Nacional de la Juventud y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. La actividad tendrá lugar en la ciudad de Montevideo, los días 23, 24 y 25 de setiembre, en la sede del Museo Nacional de Artes Visuales y Plásticas, ubicado en el Parque Rodó, a metros de la sede del bloque, el Edificio Mercosur.

Uno de los rasgos más novedosos de esta iniciativa es la posibilidad de que cualquier académico que haya realizado estudios en torno a temáticas estrechamente vinculadas a la diversidad sexual pueda presentar su propia ponencia. Y ocurre que en el último tiempo el tema comenzó a marcar una presencia importante en las agendas académicas de la región. La puesta en práctica de este nuevo mecanismo implica la fecha límite del 25 de agosto próximo para la entrega de los trabajos. A partir de allí, la selección final recaerá en manos de un comité académico integrado por Rafael Bayce y Teresa Porsekanzki, ambos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y Graciela Sapriza, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Según consta en la invitación formal a la actividad, el fallo se dará a conocer antes del 30 de agosto, y en el caso de los investigadores extranjeros se dejará abierta la posibilidad de gestionar una beca de alojamiento y media pensión durante los tres días del seminario. No es poca cosa. Se trata de un primer paso.

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La polémica está abierta. Y sus orígenes se remontan a la presentación de un proyecto de declaración por parte del legislador uruguayo, Gustavo Penadés, en el que se manifestaba “preocupación” por parte del Parlamento del Mercosur ante las recientes inhabilitaciones de candidatos hacia las elecciones municipales que en noviembre tendrían lugar en Venezuela. La necesidad de que se genere “un clima propicio para la realización de elecciones libres y transparentes” y la posibilidad de que “los inhabilitados de hoy puedan ser los futuros alcaldes y gobernadores democráticos de muchas regiones del país, tal como se refleja en las encuestas” fueron dos de los principales argumentos esgrimidos por Penadés ante la XI Sesión Plenaria, en donde resaltó además que “más del 90% de los inhabilitados son miembros de partidos de la oposición” al gobierno del presidente Hugo Chávez. “Uno de los principios esenciales del Mercosur es la salvaguardia de las instituciones democráticas”, recordó Penadés, quien alegó que el bloque “debe defender la democracia”.

Otro parlamentario uruguayo del opositor Partido Nacional, Gustavo Borsari, consideró que este tipo de prácticas “no deben ser de recibo por parte de los parlamentarios del Mercosur representantes de Venezuela aquí presentes” y que dichos representantes “no deben concebir que existan nada más ni nada menos que cuatrocientas inhabilitaciones para las próximas elecciones de noviembre, de las cuales un 87% son de la oposición”. La respuesta la obtuvo del parlamentario venezolano Saúl Ortega, que aclaró que las propias normas legales de su país autorizan al Tribunal Supremo de Justicia a inhabilitar a aquellos candidatos que violaron la ley por cometer delitos de corrupción. “El contralor es ejercido por un poder autónomo”, destacó Ortega, que consideró que es “falsa” la información que refiere al hecho de que 9 de cada 10 inhabilitados son opositores. Según los datos expuestos por el legislador, un 54% de las inhabilitaciones corresponden a representantes del partido oficialista. Ortega pidió a sus colegas uruguayos “no caer ingenuamente en una campaña mediática contra Venezuela”.

El tema pasó a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento. Y la polémica resurgió cuando su presidenta, la uruguaya Adriana Peña, también del opositor Partido Nacional, decidió viajar a Caracas, acompañada por la paraguaya Mirtha Palacios, para interiorizarse en el tema. En declaraciones brindadas a la prensa venezolana, Peña afirmó que su cometido era “escuchar a todas las partes”, incluidos gobierno y oposición. La representante uruguaya señaló que acudió a Venezuela “como parlamentaria, no como representante de la Comisión”, y dijo sentir que “todos los entrevistados tienen un gran necesidad de que a nivel internacional se escuche su reclamo”. La legisladora anunció que todo el material recabado se va a ser volcado a la Comisión para que en su próxima reunión, durante los días 17, 18 y 19 de agosto, sea analizada por el plenario. Antes de partir rumbo a Bolivia, donde se desempeñó como observadora del referéndum revocatorio convocado por el gobierno de Evo Morales, Peña adelantó que el informe “no va a ser positivo” porque “lo que hemos podido apreciar es muy negativo”.

Pero la visita de la parlamentaria uruguaya dejó algo más que un informe “no positivo”. Y es que tras acusar al gobierno venezolano de “no querer brindar su información” y al ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, de haber “hablado demasiado” sobre su visita a Venezuela, afirmó que si Caracas no quiere “complicar” su ingreso al Mercosur debe cumplir “la reglamentación establecida para evitar que se cometan excesos contra los ciudadanos”. Sus palabras sonaron amenazantes. Y sólo encontraron eco en el líder de la oposición, Leopoldo López, que actualmente se desempeña como alcalde de Chacao, el municipio más rico de Venezuela. López, que aspira a conquistar la Alcaldía Mayor de Caracas en las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre próximo, se reunió con Peña y Palacios en un hotel céntrico de la capital, tras lo cual anunció que en breve visitará Montevideo para exponer ante el Parlamento del Mercosur acerca de la situación de la oposición en relación a las inhabilitaciones de candidatos. El dirigente opositor busca “internacionalizar” su caso y llevarlo a cualquier instancia en el exterior que pueda tener competencia en el asunto.

El pasado jueves, el Parlamento del Mercosur debió emitir una nota en donde aclara que “La Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur no ha recibido solicitación formal de ninguna de sus Comisiones Permanentes para la realización de reuniones en territorio de la República Bolivariana de Venezuela” y que por tanto “la realización de reuniones en ese país, en nombre del Parlamento, o de cualquier una de sus instancias, para tratar cualquier tema, no cuenta con la autorización ni la delegación de la Mesa Directiva de la institución de acuerdo a su Reglamento Interno”. Ocurre que el Articulo 43, Inciso H, deja constancia que “A la Mesa Directiva compete: autorizar la realización de reuniones de las comisiones en otros Estados Partes, Estados en proceso de adhesión o Asociados”. Consultado por la prensa, el presidente del legislativo regional, Florisvaldo Fier, dijo que “como ciudadanas”, Peña y Palacios “pueden viajar a donde quieran y presentarse como miembros del Parlamento del Mercosur, aunque sin hablar en su nombre”. Rosinha negó que el caso amerite sanciones, dado que “El código de ética del Parlamento aún no ha sido elaborado”.

Boletín SOMOS MERCOSUR

Según informaron las principales agencias noticiosas, la mandataria argentina le prometió a su par paraguayo que asistirá a su asunción, prevista para el 15 de agosto, para lo que deberá dejar el mando en manos de su segundo. En pleno diálogo, ambos analizaron el giro a la izquierda que experimenta Sudamérica. “Son tiempos muy lindos”, coincidieron. Lugo acudió a la Casa Rosada con parte importante del que será su gabinete. Lo acompañaban su futuro canciller, el ex embajador paraguayo en Líbano Alejandro Hamed Franco y quien ocupará la Secretaría General de la Presidencia, Miguel López Perito. La presidenta lo recibió junto al vicecanciller Victorio Taccetti, el subsecretario de Política Latinoamericana, Agustín Colombo Sierra, y el embajador argentino en Asunción, Rafael Romá. La presencia de De Vido obedecía a un dato no menor. Como en su momento hizo Evo Morales con el gas boliviano que se exporta a Brasil y Argentina, Lugo también pretende obtener más recursos para su país a partir de las represas hidroeléctricas.

En la charla se acordó que la negociación quedará en manos de los equipos técnicos del Ente Binacional Yacyretá. Los puntos básicos de la negociación son la suba del nivel de cota de Yacyretá, que actualmente está en 78,5 metros (la Argentina pretende subir hasta 82 o 83 metros para incrementar la producción de energía). Para poder subir la cota de la represa, Paraguay debe terminar una serie de obras públicas que están en pleno desarrollo. Las obras consisten en la relocalización de pobladores, el pago de subsidios para facilitar mudanzas y el levantamiento de nueva infraestructura. Hacia el final de la reunión, Lugo le explicó su intención de renegociar un mejor precio por la electricidad que provee la represa de Itaipú, que comparte con Brasil. Otro tema nada menor para el gobierno paraguayo entrante, que apenas asuma deberá convencer a su socio mayor de la necesidad de realizar profundos cambios al tratado que ambos firmaron en condiciones desventajosas para la tierra guaraní.

En base a agencias